Desde octubre de 2019 a junio de 2020, siete niñas y niños que tenían cinco años de edad murieron por causas relacionadas con desnutrición infantil y enfermedades prevalentes de la infancia, todas prevenibles y curables, en la comunidad rarámuri de Choréachi, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de una queja presentada por autoridades tradicionales de la comunidad y dos integrantes de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, el organismo emitió una recomendación al gobierno del estado, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, y al municipal.

Al calificarlo como un asunto de especial gravedad, expuso que las autoridades vulneraron el derecho humano de acceso a la salud colectiva de la comunidad indígena de Choréachi y en particular de los siete menores fallecidos, por la falta de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios médicos, además de corroborarse la falta de registro, control y seguimiento de la condición de desnutrición de la niñez indígena de esa comunidad.

Como parte de la recomendación, instruyó a las actuales autoridades estatales y municipales inscribir a los familiares en el registro de víctimas estatal, levantar un censo en la comunidad para ubicar la cantidad de infantes que ahí viven, sus condiciones de salud, y establecer un plan de reparaciones colectivas en materia de acceso colectivo a la salud, a la seguridad alimentaria y educación.

Constata hechos de tortura

La CNDH también dirigió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por actos de tortura cometidos por elementos de la extinta Policía Federal durante 2014 en Guerrero.

Explicó que la víctima que promovió la queja fue detenida en su propio domicilio en Chilpancingo, y trasladada a Acapulco, donde lo amarraron con vendas y le colocaron en la cara una franela mojada, a la que en cuatro ocasiones le echaron agua para provocarle asfixia.

A la vez, le colocaron una bolsa en la cara y le aplicaron descargas eléctricas en el abdomen. Luego de ello, la víctima aceptó firmar su culpabilidad por diversos delitos. La Comisión ordenó una reparación del daño tras comprobar con pruebas médicas y el protocolo de Estambul, que fueron actos ilegales.