Puebla, Pue., Puebla se convirtió en la primera entidad de México que retirará la patria potestad a los feminicidas con la aprobación de la llamada ley Monzón, en memoria de la abogada feminista Cecilia Monzón Pérez, asesinada en mayo de 2022; el principal sospechoso del homicidio es el padre de su hijo, el ex político priísta Javier López Zavala.

Cecilia Monzón fue ultimada el 21 de mayo pasado; en ese entonces estaba en curso una demanda que ella interpuso contra López Zavala por abandono e incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia del hijo de ambos.

El jueves, el Congreso estatal reformó los códigos Civil y Penal, con 37 votos a favor, para retirar la patria potestad cuando el titular de ésta sea condenado o vinculado a proceso por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a esa patria potestad.

Helena Monzón, hermana de Cecilia, celebró la decisión tomada por el Poder Legislativo, “porque todas las infancias de México merecen (…) que su interés superior prevalezca en casos de feminicidio perpetrado por el padre”.

Las reformas, argumentaron los legisladores poblanos, pretenden velar en estos casos por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas.

En la misma sesión del Congreso, los diputados modificaron el Código Penal para elevar la sanción de cárcel por ataques con ácido, de cinco hasta 40 años, al equiparar ese delito con un intento de feminicidio.

La agresión será perseguida como violencia ácida y se definió como “aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando la fuerza física o algún tipo de objeto, ácido o sustancia corrosiva cáustica, irritante, tóxica o inflamable (…) que en determinadas condiciones puedan provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas”.

Las reformas se impulsaron con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemorará el 8 de marzo próximo.

El Congreso local dejó fuera del paquete de iniciativas la despenalización del aborto voluntario, por lo que se seguirá sancionando en Puebla con seis meses hasta un año de prisión.

La bancada mayoritaria de Morena, que domina en el Poder Legislativo, desatendió la sentencia de la Suprema Corte de Justiciade la Nación del 7 de septiembre de 2021, la cual declaró inconstitucionales los códigos penales de lasentidades federativas por nopermitir la interrupción del embarazo en un periodo cercano a la implantación.