La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC) llevó a juicio a tres ex funcionarios de las áreas de tecnología de la información y de infraestructura externa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por haber otorgado de manera ilícita un contrato que iba de 405 millones a mil millones de pesos a la empresa Centro de Productividad Avanzada (Cepra) para la utilización de 902 centros de servicio.

La contratación indebida supuestamente la realizaron Jose Luis López Herrera, José Luis Silva y Bernardo Exzacarias Farrera, quienes comparecieron ante un juez federal al iniciar la etapa de juicio oral.

Ayer se puso en marcha esta fase del proceso penal en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur y se acordó la comparecencia de un total de 19 testigos, nueve de ellos aportados por el Ministerio Público federal.

Ante el juez José Hernández Leyva comparecieron los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y plantearon su teoría del caso, según la cual, los tres ex funcionarios avalaron e impulsaron la adjudicación y contratación ilícita de la empresa Cepra, en un procedimiento que inició en 2016, cuando la compañía se encontraba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber cometido diversas irregularidades para obtener un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La FECC, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, integró la carpeta de investigación con base en una denuncia ciudadana y los reportes y seguimiento que dieron los órganos del propio SAT y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que, indicaron los fiscales, se acredita que los imputados apoyaron indebidamente cuatro fallos con los cuales se otorgó el contrato a la empresa Cepra.

Los representantes de la FGR puntualizaron que acreditarán en el juicio que los ex funcionarios involucrados omitieron considerar que Cepra no tenía la capacidad técnica ni cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria, asimismo se mencionó en la audiencia que la compañía beneficiaria aseguró contar con centros de atención en todo el país, los cuales resultaron inexistentes.

Por su parte , la defensa de los tres inculpados, refirió que acreditará la inocencia de sus clientes ya que ellos laboraban en áreas de operación tecnológica y no contaban con las facultades para adjudicar y pagar los contratos.

En ese contexto, este jueves comenzarán las comparecencias de los testigos y el primero en presentarse será Luis Manuel Pérez de Acha, quien en 2017 formó parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y quien fue identificado como el denunciante de este caso de ejercicio indebido del servi-cio público.