on aval de la fracción mayoritaria del Congreso local, el gobierno de Chihuahua, presidido por la panista María Eugenia Campos Galván, regaló o vendió por debajo de su valor varios terrenos de propiedad pública a empresas como Lear Mexican Trim Operations, Perfiles del Real, SA de CV y Caiman Investments. La primera obtuvo un predio de casi 14 mil metros cuadrados en el Parque Industrial Paquimé. La segunda logró que le fuera adjudicada una superficie de 24 mil metros cuadrados en la carretera Parral-Matamoros para construir un aserradero y un horno de secado de madera. En cuanto a Caiman Investments, la administración estatal le entregó en propiedad 407 metros cuadrados que esa firma inmobiliaria había invadido.

En mayo, el presidente municipal de Chihuahua capital, Marco Antonio Bonilla Mendoza, también militante de Acción Nacional, prácticamente regaló a American Industries un terreno de casi 160 mil metros cuadrados, ubicado en el parque industrial Chihuahua Sur, para expandir la planta de la transnacional Honeywell. En la operación se condonaron 134 millones de pesos de los 137 millones que vale el predio –aunque se afirma que su valor real es de 400 millones– y la enajenación también recibió cobertura legal de las diputaciones panista y priísta en el Legislativo estatal.

Los gobiernos estatal y municipal, así como sus correligionarios de la legislatura, han pretendido justificar semejante saqueo de bienes públicos con el argumento de que los consorcios beneficiados generarán empleos y promoverán el desarrollo económico y que no se están regalando terrenos sino ofreciendo estímulos, a decir del coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Mario Vázquez Robles, quien incluso aseveró que tales cesiones de propiedad o descuentos insólitos en los precios de venta son necesarios porque los estados compiten por la inversión.

El argumento de que la privatización de bienes públicos impulsa el desarrollo y contribuye a generar empleos es uno de los más falsos y manidos del credo neoliberal. Como se ha demostrado hasta el cansancio, los programas privatizadores acentúan y agravan las desigualdades, son un terreno sumamente fértil para la corrupción y las componendas inconfesables entre el poder político y el económico y degradan, a la larga, la productividad. En el caso de Chihuahua debe sumarse el hecho de que las contraprestaciones obtenidas por el erario a cambio de las enajenaciones referidas son tan ridículamente pequeñas, si no es que inexistentes, que incluso si el Legislativo estatal ha logrado darles un barniz de legalidad, resulta evidente que se trata de un inaceptable expolio de propiedades públicas.

Para resaltar la indecencia de los beneficios inmobiliarios otorgados a grandes compañías es pertinente contrastarlos con la angustiosa necesidad de vivienda que afecta a grandes sectores depauperados de la sociedad en esa entidad, particularmente en la capital y en Ciudad Juárez.

Lo poco que el gobierno municipal capitalino ha hecho en esta materia, como la entrega de terrenos a personas de bajos recursos en la colonia Bicentenario, está marcado por la corrupción, el clientelismo y la simulación, como lo denunció recientemente la síndica Verónica Escalante Romero.

Finalmente, la entrega a un puñado de empresarios de grandes extensiones de tierra no es únicamente señal de una indebida connivencia entre autoridades políticas y consorcios privados, sino también de un ejercicio del poder manifiestamente clasista y discriminatorio: un gobierno para los potentados.