El impuesto global de 15 por ciento a las grandes corporaciones acordado por los países ricos no representa un beneficio a las naciones en desarrollo ni resuelve los problemas fundamentales de la actual arquitectura tributaria internacional, sostuvieron 256 organizaciones civiles de todo en rechazo al acuerdo fiscal.

El gravamen mundial acordado con el liderazgo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acordado en junio y concretado el pasado viernes con la integración de 136 de los 140 países que participaron en las negociaciones, hace caso omiso de las sugerencias, propuestas y reservas que han presentado varios países en desarrollo a lo largo de muchos años de trabajo, señalaron las organizaciones en un texto conjunto firmado por la Alianza Global por la Justicia Fiscal.

Es inconcebible que las soluciones ofrecidas por los países de élite del mundo solo sirvan para reforzar las desigualdades en el régimen fiscal global que durante mucho tiempo ha excluido la voz y los intereses de los países y pueblos en desarrollo, aseveraron.

Uno de los puntos que señalaron es que la tasa impositiva mínima global de 15 por ciento acordada en las negociaciones dirigidas por la OCDE es mucho más baja que la del impuesto sobre la renta (ISR) mundial, cuya tasa promedio es de alrededor de 25 por ciento –en México el ISR a las empresas es de 30 por ciento– y en cambio, es más cercana al 12.5 por ciento que cobran algunas jurisdicciones de impuestos bajos o nulos.

Las organizaciones civiles especializadas en materia fiscal argumentaron que el acuerdo de la OCDE no aborda las causas fundamentales de las prácticas y reglas actuales que incentivan la transferencia de beneficios, al tiempo que facilitan la evasión fiscal con impunidad.

También sostienen que limitar el alcance a aproximadamente un centenar de corporaciones multinacionales impedirá que los países en desarrollo obtengan más ingresos fiscales del resto de las empresas.