Ciudad Juárez, Chih., Activistas de la etnia rarámuri denunciaron la hostilidad que prevalece contra ellos en la comunidad Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo –ubicado en el sur de la entidad, en la región conocida como Triángulo Dorado, en la cual confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa–, donde fueron asesinados cuatro dirigentes indígenas entre 2013 y 2019 por reclamar de manera pacífica y en tribunales la propiedad ancestral de sus territorios.

Destacaron en un comunicado que la situación ha propiciado el desplazamiento de decenas de familias consideradas en alto riesgo por las amenazas y agresiones permanentes de caciques de la zona. Algunas de esas represalias han impactado también a abogados y representantes tradicionales de la cultura rarámuri.

Recordaron que Choréachi reclama desde hace más de 30 años ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac), el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señalaron que, en venganza, caciques amenazan a directivos de Asmac, lo mismo que a activistas y pobladores de Choréachi.

Aseguraron que para llegar a las citadas instancias jurídicas la comunidad padeció represalias difíciles de dimensionar, entre ellas los homicidios de cuatro autoridades tradicionales (Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya), desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes.

Expusieron que se ha impedido a representantes de Asmac aproximarse a la comunidad, se ha amenazado a sus representantes y se han lanzado en medios locales campañas de desprestigio contra el organismo por apoyar la lucha indígena, descalificando su trayectoria y proceder.

Los informantes refirieron que los ataques contra Choréachi y Asmac han sido documentados y denunciados, lo que dio lugar a la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explicaron que esta última instancia ordenó en marzo de 2017 al gobierno federal que aplicara medidas para salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad, investigar y sancionar a los responsables de asesinatos y agresiones, al igual que atender y solucionar las causas que los pusieron en riesgo.

Los activistas exigieron que paren las hostilidades, así como cualquier otra acción que intente descalificar, frenar o desviar la atención de la lucha que Choréachi libra en defensa de su territorio y sus bosques, así como la labor de acompañamiento de Asmac.

También pidieron que los gobiernos estatal y federal, en cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar el derecho a preservar los derechos humanos y la labor de sus defensores, protejan la seguridad y la integridad de los habitantes de Choréachi y miembros de Asmac.

A la SCJN le solicitaron acelerar la resolución del conflicto, siguiendo estándares internacionales en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas.