Londres. La defensa de Julian Assange, reclamado en extradición por la justicia de Estados Unidos por haber publicado cientos de miles de documentos confidenciales, acusó ayer al presidente Donald Trump de querer hacer del fundador de Wikileaks un ejemplo en su guerra contra los periodistas de investigación.

El juicio por la posible extradición de Assange a Estados Unidos comenzó ayer en Londres, en el juzgado de Woolrich, con un alegato del régimen de Trump que defiende que el periodismo no puede ser una excusa para saltarse la ley y poner documentos secretos a disposición de organizaciones terroristas, al tildar al activista de ser un criminal ordinario que puso miles de vidas en peligro al destapar secretos oficiales, mientras simpatizantes del periodista australiano se volcaron a las calles para exigir que no sea extraditado.

Edward Fitzgerald, abogado de Assange, afirmó que en 2013 el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió que Assange no debería enfrentar ninguna acción. Pero que en 2017, después de la elección de Trump, se presentó una acusación contra el activista australiano.

¿Por qué el cambio? La respuesta es que el presidente Trump llegó al poder con un nuevo enfoque de la libertad de expresión y una nueva hostilidad hacia la prensa que equivale, efectivamente, a declarar la guerra a los periodistas de investigación, afirmó Fitzgerald.

Agregó que la actitud de Estados Unidos hacia Assange cambió cuando Trump asumió la presidencia.

Fitzgerald explicó que la extradición expondría a Assange a un trato inhumano y degradante ante una sentencia desproporcionada, y que la solicitud de extradición fue motivada por un tema político (lo que contraviene el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido de 2003) y no por crímenes genuinos. Mencionó que sería injusto y opresivo extraditarlo por su estado mental y el riesgo de un suicidio.

La defensa del australiano reveló su intención de llamar como testigos a dos ex empleados de la empresa de seguridad Undercover Global, fundada y dirigida por el ex militar español David Morales, quienes dicen que espiaron para Estados Unidos a Assange mientras permaneció refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

De acuerdo con el testimonio de los dos ex empleados de la firma, Morales montó una infraestructura de doble espionaje con instrucciones técnicas de la inteligencia estadunidense, a la cual suministró o permitió el acceso en vivo de las conversaciones y movimientos de Assange envenenándole o secuestrándole en la legación ecuatoriana.

Otra parte clave de la evidencia se relacionó con el reclamo que surgió la semana pasada de que el congresista republicano Dana Rohrabacher ofreció a Assange el perdón si negaba la participación rusa en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La sesión la abrió el representante legal de la administración estadunidense, James Lewis, quien hizo una lectura de los 18 cargos de intento de piratería e infracciones de la ley de espionaje que sustentan la reclamación de entrega de Assange, y que se relacionan con la publicación hace una década de cientos de miles de cables y archivos diplomáticos que cubren áreas que incluyen actividades estadunidenses en Afganistán e Irak y que Wikileaks compartió con importantes diarios en todo el mundo, incluida La Jornada.

Lewis alegó que las imputaciones se reducen a un tema de criminalidad o de difusión de información sabiendo que esos documentos podían poner en peligro la vida de varios colaboradores de la inteligencia estadunidense.

De ser encontrado culpable, Assange enfrentaría hasta 175 años de prisión.

La defensa concluirá hoy la exposición de su caso. La primera fase de audiencias públicas debe concluir el día 28.