La intención de Donald Trump de clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas tiene implicaciones graves y no está justificado, además de tener un trasfondo mediático, coincidieron defensores de derechos humanos, institutos, internacionalistas y académicos, quienes criticaron los dichos del mandatario estadunidense.

Por el contrario, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, avaló una posible intervención del ejército estadunidense en México para combatir al crimen organizado, al considerar que buscan causar terror, posición que también fue contraria a la de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN, quien ante el anuncio de Trump llamó a la unidad con este gobierno, al margen de diferencias y confrontaciones.

Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad que implican las declaraciones unilaterales de lucha contra el terrorismo. Advirtió que pueden ser tan perjudiciales como ese fenómeno delictivo, al atentar contra las relaciones de cooperación y amistad entre naciones y generar discriminación y xenofobia. Dijo que la lucha contra ese fenómeno es un asunto de cooperación mundial que debe basarse en acuerdos bilaterales y en el respeto irrestricto a las garantías fundamentales.

La pretensión de clasificar las bandas del crimen organizado como terroristas no cumplen con elementos para equipararlos con a agrupaciones como Al Qaeda, indicó el profesor investigador la UNAM, Javier Oliva. Explicó que los grupos terroristas tienen un carácter separatista o independentista; de reivindicaciones religiosas y de carácter político ideológico.

No obstante, la postura de Trump podría ser usada por México para impulsar la demanda de mayores controles sobre el flujo de armamento, agregó Javier Dondé Matute, especialista en derecho internacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales.