En 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que la obligaba a realizar diversos trabajos para esa dependencia, pero decidió llevar a cabo una serie de subcontrataciones con empresas privadas que no tenían la capacidad de cumplir con las labores ni entregaron pruebas de haberlas realizado, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la tercera entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2017, dicha operación le habría generado un probable daño a la hacienda pública federal por más de 178 millones de pesos, en un episodio que sigue el mismo patrón que otras operaciones irregulares ejecutadas por la misma Sedatu y la extinta Secretaría de Desarrollo Social, cuando las dirigió Rosario Robles.

La auditoría forense 1611, realizada por la ASF, indica que en agosto de 2016 la Sedatu firmó un convenio general con la UPT para que dicha casa de estudios llevara a cabo diversos trabajos relacionados con la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda. Entre septiembre y octubre firmaron tres convenios específicos en los que se detallaba el tipo de labor a realizar, y donde la UPT se comprometía a aportar el personal especializado, suficiente y necesario para cumplir en tiempo y forma con la prestación del servicio acordado.

Al no contar con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los trabajos, la universidad delegó su realización a empresas particulares que tampoco tenían dicha capacidad.

Una consecuencia de ello es que las empresas no entregaron los materiales para comprobar que hubieran cumplido las labores encomendadas ni explicaron la metodología de trabajo que siguieron. Asimismo, muchas de ellas no fueron localizadas en su domicilio fiscal y no presentaron declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta.

Como consecuencia de esto, la ASF identificó varias operaciones irregulares que habrían generado probables daños al erario, entre ellas una por 125 millones 774 mil pesos, y otras por 42 millones 211 mil, 5 millones 124 mil y 3 millones 889 mil pesos.