Mediante una iniciativa de ley de austeridad, presupuesto y gasto eficiente, Morena en el Congreso de la Ciudad de México acentuó la disposición prevista en la Constitución Política local que estipula que ningún servidor público percibirá una remuneración mayor a la fijada para el titular de la jefatura de Gobierno, así como la prohibición de bonos, percepciones extraordinarias y la contratación de seguros de vida y gastos médicos privados.

Contra esta última disposición se pronunciaron, sin embargo, trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) en un escrito dirigido al Legislativo, en particular contra la eliminación del seguro de vida y de gastos médicos para personal que labora en campo y que ha enfrentado situaciones de riesgo.

En el escrito, dirigido a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada de Morena Guadalupe Morales Rubio; de Derechos Humanos, del también morenista Temístocles Villanueva, y la de Asuntos Laborales, que tiene al frente a la panista Margarita Saldaña Hernández –a los que se solicita una audiencia–, los trabajadores del organismo refieren que el 28 de noviembre se les notificó de la cancelación de los seguros.

Advirtieron que tareas que desarrollan, entre ellas el acompañamiento de movilizaciones, operativos, diligencias y otras actividades como las que se realizaron con las caravanas de migrantes, generan situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física.

La disposición respecto del tope salarial para servidores públicos que señala la Constitución capitalina en su artículo 60 está contemplada también en la iniciativa de ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos, que por mandato de la misma Constitución debe expedir el Legislativo, debiendo prever, entre otros puntos, la prohibición a cubrir con recursos públicos viajes en primera clase, gastos de representación y la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, con excepción de las personas servidoras públicas cuya función sea de alto riesgo.

La iniciativa presentada ayer por la diputada Morales Rubio, que derogaría a la actual Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, señala que el objetivo de la política de austeridad es eliminar excesos en el gasto público para rencauzarlos a prioridades en la atención de las necesidad de los capitalinos, sin afectar la buena administración; obliga a los entes públicos a publicar sus lineamientos de austeridad antes del 31 de enero que incluya el monto de ahorro generado y establece que los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización de obras o programas que corresponden a la administración pública.