Xalapa, Ver., El gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que creará el Fondo Estatal de Desaparición –entre otras medidas que requerirán 383 millones de pesos– para atender la crisis por desapariciones forzadas en la entidad.

En el documento Necesidades presupuestales para atender la emergencia humanitaria de personas desaparecidas en Veracruz, producto de cinco mesas de trabajo en las que participaron García Jiménez y colectivos de familias de personas no localizadas, se menciona la proliferación de fosas clandestinas en el territorio estatal, la falta de capacitación de las policías, la carencia de panteones ministeriales e incluso una apremiante crisis forense.

Según la Fiscalía General del Estado, en Veracruz habría al menos 3 mil 600 carpetas de investigación por desapariciones (hasta 2016), aunque cada una puede referirse a más de una persona.

El Fondo Estatal de Desaparición –incluido en la ley estatal respectiva–, requiere de 84 millones de pesos, de los cuales 56 millones serían aportados por la Federación y 28 por el gobierno local.

Asimismo, se necesitan 29 millones de pesos para la creación y operación anual de un cuerpo policiaco especializado en desapariciones, que dependería de (la Secretaría de) Seguridad Pública, ante la urgencia de abatir el rezago en las pesquisas.

En el documento se plantea restructurar la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con un presupuesto de 32 millones de pesos para los salarios de al menos 100 fiscales.

Dicha restructuración se basaría en un diagnóstico regional que incluya zonas indígenas y/o de difícil acceso para aumentar el número de fiscales y policías ministeriales especializados adscritos a esta fiscalía, se acota en el proyecto.

Veracruz asignó 11 fiscales a esta instancia especializada en seis ciudades (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos), quienes deben trasladarse a esos municipios.

El documento prevé destinar 127 millones 500 mil pesos a salarios, capacitación y evaluación de 500 elementos de la Policía Ministerial para que exista personal suficiente y en condiciones óptimas para realizar el trabajo de manera eficiente.

El plan considera quintuplicar el presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas (Ceeaiv), de 6 millones de pesos en 2018 a 30 millones, de los cuales 10 millones serán para salarios de 30 asesores jurídicos, 10 millones para 30 especialistas en enfoque sicosocial, 6 millones para 10 trabajadores administrativos y 4 millones para gasto de operación.

Es necesario aumentar el presupuesto de la Ceeaiv para fortalecer sus funciones y ampliar sus capacidades de atención y asistencia, a fin de que cumpla su mandato ante el número de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, indica el escrito.

En atención a la Ley General de Víctimas, se proyecta destinar 80 millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, que usaría 60 millones de pesos para pagar compensaciones pendientes a víctimas del delito y las que se podrían generar en 2019. Otros 20 millones de pesos serán para gastos funerarios, traslados y medidas de rehabilitación.

En su primer mensaje como gobernador constitucional, García Jiménez pidió a organismos internacionales defensores de los derechos humanos, a organizaciones civiles nacionales y extranjeras, a agencias de cooperación internacional y a instituciones de asistencia pública ayudar a que se aplique su plan de acción, con financiamiento y asistencia.