Durante esas campañas, la oposición, sin posibilidades reales de ganar las elecciones, se dedicaba a denunciar la falta de condiciones de equidad en la contienda y las arbitrariedades gubernamentales. Estas organizaciones no contaban con recursos para hacer frente a los abanderados oficiales, ya que estos últimos echaban mano de los recursos del partido y eran apoyados por la maquinaria estatal, que incluía todos los factores reales de poder, desde la Presidencia hasta los gobernadores. Sin ser fiscalizadas, esas campañas eran faraónicas y se realizaban a pie, buscando tener cercanía con la gente y conocer el territorio.
ahora han cambiado radicalmente. Desde 2000, los candidatos dejaron de enfocarse en recorrer el país y apostaron a los medios de comunicación, evidenciando también gastos excesivos. Ahora, gran parte de estos recursos materiales y físicos los utilizan para hacer proselitismo en redes sociales. Sus mensajes requieren de costosas producciones para poder impactar en las nuevas generaciones, que utilizan celulares y computadoras para enterarse de las actividades y propuestas de los candidatos.
ahora, las campañas también son fiscalizadas por mecanismos complejos de las instituciones electorales. El INE revisa los gastos prácticamente en tiempo real para sancionar a los candidatos en caso de que el tope de gastos sea rebasado. Por lo que toca a la Fiscalía Electoral, investiga las aportaciones ilícitas a los abanderados y, de encontrar alguna responsabilidad, pueden ser sancionados hasta con 15 años de prisión.
Poco a poco fuimos evolucionando hasta permitirnos campañas más movidas y justas, parecidas vagamente a las del mundo civilizado. Ahora existen competidores reales que tienen verdaderas posibilidades de ganar si hacen una buena campaña. La legislación actual y la nueva voluntad política desde el gobierno deberán evitar los abusos del pasado y con esto dar un paso hacia la consolidación democrática en el país.