La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta vez el Ministerio Público Federal les imputará la comisión del delito de delincuencia organizada, confirmaron defensores de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con información proporcionada por el abogado Alejandro Robledo, alrededor del mediodía el mandamiento judicial fue cumplimentado contra tres de los elementos que recientemente habían obtenido el beneficio para enfrentar en libertad el proceso en el que se les acusa de desaparición forzada.

El litigante dijo desconocer las causas que se les imputan en esta nueva acusación; sin embargo, un testigo protegido de la FGR señaló que los militares colaboraban con el cártel Guerreros Unidos, al que se ha atribuido participación directa en la desaparición de los 43 jóvenes.

Fuentes cercanas a la defensa de los militares señalaron que el Ministerio Público ya había solicitado en junio de 2023 que se les librara orden de aprehensión por delincuencia organizada, cuando se les imputó desaparición forzada. La jueza Raquel Duarte Cedillo negó esa petición porque consideró que no había ninguna prueba de que cada uno de los acusados hubiera tenido alguna relación con miembros del crimen organizado, y explicó que los testigos no se refirieron en específico a ninguno de ellos.

Robledo señaló a La Jornada que los cinco militares que no habían sido detenidos se pusieron a disposición del Ministerio Público y del juez que emitió el mandamiento judicial, toda vez que no hay nada que ocultar y se trata de una chicana (como se conoce en el argot jurídico a la una nueva acusación a fin de mantener en cautiverio a una persona) y no tienen responsabilidad.

Los ocho militares son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Estos integrantes de la Sedena permanecieron detenidos desde junio del año pasado en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México; fueron internados en la misma prisión de nueva cuenta y puestos a disposición del juez de la causa para que la audiencia inicial se realice por videoconferencia.