La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), habituada a perder funciones frente a una autoridad militar, publicó el acuerdo mediante el que se agrupan las tres empresas bajo el mando de la Secretaría de Marina; en él reporta que “en años anteriores hubo un descuido sistémico en las terminales aeroportuarias”.

 

“El servicio presentaba deficiencias, con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó actos destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. A pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes no eran atendidos con prontitud; la seguridad de las operaciones y el cumplimiento estricto de la normativa en la materia era nula”, se lee en el documento firmado por Jorge Nuño Lara, titular de la SICT.

 

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la SICT también está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; y considera que el traspaso se justifica en las atribuciones en materia de seguridad interior que tiene la dependencia militar.

 

“La Secretaría de Marina al tener como misión la protección de la soberanía de la Nación y la seguridad interior del país, coadyuva en las operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas”, acota.

 

El acuerdo entra en vigorsetenta días naturales después de su publicación; por tanto en octubre deberá completarse el traspaso que amplía el control administrativo que en los hechos ya tenía Marina en el AICM. Lo hace sin absorber una deuda que el actual director general del aeropuerto, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, quiso dejar atrás con declaraciones.

 

En junio, Velázquez Tiscareño, declaró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría analizando cómo pasar la instalación al sector Marina sin la carga financiera atada a la tarifa de uso aeroportuario (TUA) que paga los bonos emitidos para la construcción Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

 

El subsecretario de Transportes de la SICT, Rogelio Jiménez Pons, secundó diciendo que no se descartaba la recompra de los bonos aún en circulación (4 mil 200 millones de dólares), como se hizo en diciembre de 2018 con mil 800 millones de dólares en esas obligaciones.

 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, adelantó a La Jornada que ese procedimiento no estaba previsto dado que no era financieramente posible, debido a que se los bonos se habían venido apreciando con la recuperación del flujo de pasajeros tras la pandemia y también algunas declaraciones podrían mover su precio (bit.ly/45ej1o1).