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Insuficientes las 997 plantas potabilizadora para acceso agua segura: Semarnat

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Planta potabilizadora de Berros, del sistema Cutzamala. Foto Agencia MVT/ Mario Vázquez de la Torre / archivo
31 de diciembre de 2021 18:04

Aunque en el país hay en operación 997 plantas potabilizadoras y 2 mil 786 de tratamiento municipales, esta infraestructura no es suficiente para garantizar el acceso de todas las personas al saneamiento y agua segura, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En las reglas de operación para 2022 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría indica que ante este panorama que se apoyan acciones de desinfección de agua y se promueve el tratamiento y reúso de las aguas para sustituir las de primer uso en actividades que no lo requieran.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020 la cobertura nacional de acceso al agua entubada es de 96.1 por ciento(98 por ciento urbana, 89.1 por ciento rural) y la cobertura nacional de acceso a los servicios de alcantarillado es de 95.2 por ciento (98.5 por ciento urbana, 83.2 por ciento rural).

Para el caso de la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales es de 67.2 por ciento y para agua desinfectada es de 97.4 por ciento.

“Derivado de esto, existe población que no cuenta con acceso a los servicios o con servicios deficientes, lo que hace evidente la vulnerabilidad de la población con mayor grado de marginación ante la pandemia de COVID-19 al no contar con agua en cantidad y con calidad para atender las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus SARS CoV-2”, se señala en las reglas de operación del programa. 

El Proagua buscará contribuir a garantizar el derecho humano al agua para la población con rezagos o carencia de cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en las poblaciones de mayor marginación de zonas rurales o urbanas, priorizando las acciones consideradas dentro de una planeación hídrica o diagnósticos integrales de planeación que los gobiernos estatales deberán presentar y al cumplimiento del principio de "no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera".

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