Las comisiones de Recursos Hidráulicos del Senado y la Cámara de Diputados trabajan en una ley general de aguas que no sólo garantice el derecho humano a este recurso, sino que también evite su privatización. Además, que permita fiscalizar el consumo de la industria, servicios y comercio, que dejan de pagar 150 mil millones de pesos al año.

En entrevista, el presidente de la comisión en San Lázaro, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), expuso que la falta de gestión del agua incrementa el riesgo de morbilidad en la población y de que cause un clima de animadversión, así como de descontento social, y con éste, la falta de sostenibilidad y seguridad del líquido.

Muñoz Álvarez presentó en la Organización de Naciones Unidas el diagnóstico El reto del agua en México, soluciones alternas para el sector hídrico cultural, en el que desglosó lo que denominó datos de la metástasis del agua.

Entre otros, señala que 21.3 millones de mexicanos no cuentan con servicio público en esta materia, la pérdida de 47 por ciento en las redes de líquido potable, insuficiencia de recursos públicos en infraestructura hidráulica y sobreexplotación de los acuíferos.

El legislador explicó que parte de la solución requiere tres ejes: tecnificar el campo mexicano, donde se gasta 76 por ciento de los recursos del ciclo hidrológico y donde se pierde 70 por ciento por malas prácticas; resolver el problema de osteoporosis hídrica, porque perdemos 47 por ciento de cada litro que metemos a las ciudades, y hacer eficiente la gestión del agua, que incluye la fiscalización de las industrias, así como reutilizar las aguas residuales.

Indicó que en la iniciativa a discusión entre las dos comisiones del Congreso se busca ratificar la rectoría del Estado mexicano en la materia.

No es imposible terminar con el negocio lucrativo que representa para las grandes empresas la venta de agua embotellada, considera. Si logramos hacer eficiente la calidad del agua en las ciudades y que, por ejemplo, la población vuelva a tomar la que sale de la llave, vamos a reducir la comercialización de la embotellada, aseveró.

En su presentación ante la ONU refirió que el Consejo Mundial del Agua convocó a hacer de este líquido una prioridad política, exhorto que, explicó, no se trata de la gestión electoral de este recurso, sino una visión más amplia en la cual la participación de la sociedad con el gobierno garantizará la gobernanza de este bien.