Coatzacoalcos, Ver., Los deudos de las víctimas del ataque e incendio al bar El Caballo Blanco, perpetrado en agosto de 2019, interpusieron una queja ante la comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz por el manejo inadecuado que le dieron a los 30 cuerpos; señalaron que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) les removió los órganos y los dejó a la intemperie.

La CEDH ya notificó a la fiscalía estatal sobre la queja interpuesta por los familiares bajo el expediente COA-0480/2019, la cual fue ratificada y extendida por otros deudos.

La señora América, madre de una de las bailarinas que murió en el incendio, dio a conocer que después del atentado no hubo el debido cuidado de los restos y se los entregaron en muy malas condiciones.

Explicó que a todos los cadáveres les removieron los órganos, tenían las articulaciones quebradas y estaban en un estado de descomposición muy avanzado, pues las unidades forenses no contaban con las condiciones para manejarlos.

Con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo, los familiares reclaman una indemnización por las condiciones en las que les devolvieron los cuerpos.

A mi hija me la entregaron sin órganos, con las piernas quebradas, nunca nos permitieron revisar cómo estaban; se la llevaron a Cosoleacaque y nosotros tuvimos que pagar las cajas y hacer todos los pagos para regesarlos a casa, expresó la mujer.

Compensación económica

Por su parte, la fiscalía mencionó que abrirá una investigación para saber cómo se realizaron las diligencias después del ataque al bar perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada, el 27 de agosto de 2019.

Los deudos insistieron que los 30 cuerpos, 20 hombres y 10 mujeres, fueron manejados de forma inadecuada, por lo que solicitaron la destitución de los encargados de los Semefos y exigieron una compensación económica por los gastos de los servicios funerarios.

Los familiares interceptaron al gobernador del estado, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, durante un acto realizado en Coatzacoalcos, le pidieron becas para los hijos de las víctimas del atentado y se les entregue la custodia legal de los menores; un trámite que ha estado detenido por varios meses y que no les permite hacer otras diligencias.