La experiencia de la pandemia del covid-19 ha demostrado que los países del Sur Global no pueden confiar en que el sistema internacional o los países ricos del Norte Global les ayuden a superar las crisis de salud.

Cuando Bolivia llegó a un acuerdo con el fabricante canadiense Biolyse Pharma para que le suministrara vacunas contra el covid-19 para su población, el gobierno canadiense no tomó las medidas necesarias para dar luz verde a la exportación.

Cuando Uganda intentaba comprar dosis de la vacuna de AstraZeneca, le cobraban por dosis el triple de lo que pagaban los países europeos más ricos.

Cuando India y Sudáfrica encabezaron una alianza de la mayoría de los países de la Tierra en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para cambiar sus normas y permitir que las vacunas contra el coronavirus se produjeran donde fuera, un pequeño grupo de países ricos, encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, la bloquearon.

Cuando los países ricos y las organizaciones internacionales crearon la iniciativa Covax, prometieron adquirir y distribuir las vacunas contra el covid-19 de forma equitativa en todo el mundo, pero no fue así. Algunos países ricos, como el Reino Unido, recibieron importantes suministros de biológicos de Covax, mientras las naciones más pobres quedaron a la espera o tuvieron que depender de donaciones, que, con demasiada frecuencia, eran de dosis a punto de caducar.

Hoy día puede ser que la pandemia de coronavirus haya cedido, pero el verdadero enemigo de la salud ha sobrevivido: un sistema de patentes que mantiene en secreto las recetas de los medicamentos, un sistema comercial que permite a las empresas poner los precios de los fármacos fuera de su alcance y un sistema de gobernanza mundial que impide a los países pobres cambiar nada de esto.

Si queremos un sistema de salud internacional mejor, vamos a tener que construirlo nosotros mismos. Con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y el ascenso de nuevos gobiernos progresistas en toda la región, América Latina está bien preparada para iniciar esta urgente labor.

En mis anteriores funciones como ministra de Salud de Ecuador y directora del Instituto de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), he visto cómo las posibilidades toman forma cuando los países trabajan juntos bajo los principios de equidad y justicia social, unidos por una visión común, y con el poder de dar vida a esa visión.

Para romper el poder del sistema actual y forjar uno nuevo, necesitamos desafiarlo a cuatro niveles: transparencia, conocimiento, industria y gobernanza.

En primer lugar, necesitamos precios y compras colectivas. La principal razón por la que las empresas se salen con la suya en la fijación arbitraria de los precios de los medicamentos es el secretismo de los acuerdos comerciales.

Banco de Precios

Podemos invertir la situación creando un Banco de Precios de Medicamentos y comenzando a comprar fármacos colectivamente. Pusimos en marcha un banco de este tipo en 2016, cuando era directora de Salud de Unasur. Se trataba de una simple base de datos de precios de medicamentos, compuesta por una lista inicial de 34 medicinas. Los 12 países participantes compartieron los precios que les ofrecían las empresas farmacéuticas para, a su vez, ver los precios que ofrecían a los demás.

Armados con estadísticas comparativas, los gobiernos consiguieron bajar los precios en la mesa de negociaciones, mejorando el acceso a los medicamentos para todos los habitantes de la región, al tiempo que desafiaban el secretismo incorporado a los contratos de las grandes farmacéuticas. En aquel momento, Unasur calculó que si los 12 países compraban las cantidades necesarias de los 34 medicamentos listados al precio más bajo de la región, el ahorro total ascendería a unos mil millones de dólares al año.

Podríamos relanzar este banco de precios y llevarlo más lejos. Una vez que tengamos la información sobre los precios, podríamos negociar la compra colectiva, bajando aún más los precios con nuestros pedidos al por mayor. A través de la compra colectiva, podemos reducir los inflados márgenes de ganancias de las grandes farmacéuticas y convertirlos en vidas más sanas para nuestros pueblos.

En segundo lugar, necesitamos capacidades compartidas. Regular nuevos medicamentos y vacunas no es fácil. El establecimiento de una infraestructura reguladora lleva años, desde la formación de técnicos calificados hasta la construcción de laboratorios y el establecimiento de un sistema de intercambio de información con los organismos reguladores de todo el mundo. Cuando un país tiene mayor capacidad para regular vacunas y tratamientos, puede prestar estas capacidades a los países que no la tienen: un sencillo sistema de solidaridad que acelera el acceso.

Esto ya está ocurriendo en la región. Durante la pandemia, la autoridad reguladora de medicamentos de México (Cofepris) apoyó a la agencia de salud paraguaya para que evaluara el Covaxin de India para su aprobación de uso de emergencia, aunque México no tenía planes de utilizarlo. Podemos basarnos en esto y establecer un mecanismo para toda la región.

En tercer lugar, necesitamos establecer y ampliar la producción nacional. Pocos meses después de que los científicos desarrollaron las vacunas para el covid-19, los países ricos compraron casi todas las dosis disponibles y futuras, dejando muy poco para el resto de nosotros.

Cuba estaba aislada de este sistema fallido. Se benefició de décadas de inversión en salud pública y producción farmacéutica nacional, lo que le permitió desarrollar dos vacunas propias –con índices de eficacia superiores a 90 por ciento– y empezar rápidamente a inmunizar a su población. Envió sus vacunas a otras naciones embargadas como Irán, Venezuela y Nicaragua, y firmó acuerdos para colaborar en la producción de biológicos con países como Vietnam y Argentina.

Producción local

La producción farmacéutica nacional en América Latina está en expansión. Argentina tiene una importante capacidad de fabricación con 190 fábricas y 40 laboratorios públicos. México tiene previsto producir su propia vacuna candidata covid-19, Patria, en su empresa farmacéutica nacional Birmex. Brasil cuenta con una notable capacidad de producción y Colombia también pretende expandirse.

Nacionalizando la producción y desarrollando nuestras propias industrias, los países del Sur Global podemos coordinar la producción y la distribución, asegurándonos de que las emergencias en materia de salud se abordan teniendo en cuenta los intereses de nuestros pueblos, no los de las corporaciones del Norte Global.

Por último, también necesitamos una acción coordinada en la escena internacional. Desde impulsar la reforma del comercio internacional hasta copatrocinar resoluciones y presentar denuncias juntos, podemos ser más eficaces coordinando nuestras acciones.

Cuando dirigía el Instituto de Salud de Unasur, creamos un espacio para nuevas formas de acción colectiva dentro de la región, renegociando los términos de las políticas de salud existentes en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 2010 y 2016, se llevaron a cabo 35 intervenciones conjuntas en la AMS en nombre de los países de Unasur, sobre cuestiones como el acceso a los medicamentos, la salud como derecho humano fundamental, la reforma de la OMS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras.

Del mismo modo, cuando la tabacalera Philip Morris intentó demandar a Uruguay por iniciar una legislación antitabaco, el Mercado Común del Sur (Mercosur) consiguió actuar en bloque ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para mostrar su apoyo regional. Finalmente, el Ciadi falló a favor de Uruguay.

Actuar en bloque podría apoyar otros esfuerzos para conseguir licencias obligatorias para producir vacunas y medicamentos contra el covid-19 en Chile, Colombia, Bolivia y República Dominicana. Estas licencias, admitidas por las normas de la OMC, permiten a los gobiernos iniciar la producción alternativa o la importación de una versión genérica de un producto médico patentado sin el consentimiento previo del titular del permiso. Esto es lo que Bolivia necesita del gobierno canadiense para poder importar 15 millones de dosis de vacunas producidas por Biolyse.

Un bloque progresista de salud con capacidades colectivas de compra, regulación, producción y distribución de medicamentos, podría ejercer presión para conseguir conjuntamente el derecho a producir medicamentos que salvan vidas.

Estas ideas para construir un nuevo sistema mundial de salud desde abajo, podrían ponerse en marcha rápidamente y empezar a mejorar la vida de nuestra gente. Ahora es el momento de reunir a gobiernos progresistas, en América Latina y en otros lugares, para acabar con los monopolios de las grandes farmacéuticas, democratizar la producción farmacéutica, reducir los precios de los medicamentos, construir sistemas de salud sólidos que amplíen la prestación pública de servicios, reforzar la capacidad reguladora y defender el derecho a la salud para todos. Sabemos lo que hay que hacer, ahora necesitamos reunir el poder colectivo para hacerlo realidad.

*Ex ministra de Salud Pública de Ecuador y miembro del grupo de Salud de la Internacional Progresista