on un adelantamiento inusitado e imprudente, los precandidatos de Morena a la presidencia formalmente han iniciado sus campañas. El método de decisión del candidato será una encuesta que tendría que ser cuidadosamente formulada en términos de calidad, tamaño, consistencia, transparencia y que debería ser realizada por empresas confiables. La difusión de lo que cada aspirante propone es central para que los encuestados definan certeramente quién debe representar a esa fuerza política. El punto por destacar de estas propuestas debiera ser no su fidelidad a los planteos de AMLO, sino sus aportaciones para la nueva etapa.
En este sentido, es importante la publicación reciente de Oxfam México: ¿Quién paga la cuenta?, que hace recomendaciones para empezar a cambiar el actual estado del sistema fiscal mexicano
. Estas recomendaciones están fuera del marco de decisiones políticas que el gobierno federal tiene establecido. Esta administración de la 4T decidió desde la campaña que el sistema fiscal no se modificaría. De modo que terminaremos el sexenio con el mismo sistema fiscal con el que iniciamos. Toda propuesta de modificación fiscal para este gobierno es ociosa, pero sería deseable que se plantearan modificaciones para la siguiente administración.
Sin embargo, para lo que debiera proponer la siguiente administración de la 4T seria altamente pertinente y oportuno cambiar el sistema fiscal. Oxfam se fundamenta en datos reveladores: los superricos, definidos como los contribuyentes con ingresos superiores a 500 millones de pesos anuales, entre 2019 y 2021 aumentaron sus fortunas en 33 por ciento. En términos del flujo producido en esos años, el PIB, resulta que de cada 100 pesos producidos en el país estos superricos (uno por ciento de la población) se apropiaron de 21 pesos en tanto que el 50 por ciento más pobre se apropió de sólo 40 centavos.
Esta distribución ya de por sí oprobiosa se agrava, ya que entre 2019 y 2021 la economía decreció 3.9 por ciento, de modo que los 100 pesos producidos en 2021 equivalían a casi 104 producidos en 2018, es decir, el tamaño de la economía y, por tanto, de los ingresos que se produjeron se había reducido. La concentración se agrava. Por eso Oxfam señala que hubo superganadores y superperdedores. Entre esos perdedores también está la Hacienda Pública. Los superricos contribuyeron con apenas 0.03 por ciento de la recaudación total en esos años. Se apropiaron de 21 pesos de cada 100 producidos y solamente pagaron 30 centavos de cada 100 pesos recaudados.
Un dato adicional aportado por Oxfam es que las grandes empresas pagaron hasta 2021 unas tasas efectivas que oscilan entre uno y 8 por ciento de sus utilidades. Proporción que contrasta con las tasas que establece la ley, que son del orden de por lo menos 30 por ciento de las ganancias brutas. Contrasta, además, con lo que pagan millones de contribuyentes cautivos con ingresos medios a los que sus patrones les retienen entre 20 y 30 por ciento de sus sueldos brutos. De modo que México sólo recauda 17.8 por ciento respecto al PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano y más aún del de los países de la OCDE, resulta que eso ocurre porque los superricos contribuyen muy poco a la Hacienda Pública.
Otro elemento es que la recaudación mexicana de la riqueza es muy reducida. No confundir riqueza con ingreso. Si el gobierno recauda sólo 18 por ciento del PIB, estamos hablando del ingreso. Pero si hablamos de la riqueza, del patrimonio de las familias mexicanas, resulta que el gobierno apenas recauda 0.34 por ciento del PIB. En este renglón, el promedio latinoamericano es de 2.57 por ciento. Gobiernos de otros países han propuesto a sus legislativos gravar específicamente a las grandes fortunas y a las grandes empresas para financiar los gastos extraordinarios que se han hecho para paliar los efectos de la pandemia, impuestos que, aunque son planteados temporalmente, pudieran mantenerse.
Con esta información, Oxfam propone que se establezca un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas. Se trata de gravar el patrimonio de los superricos. Conviene que contribuyan significativamente a financiar un gasto público social, que en la administración de la 4T representa 5.3 por ciento del PIB, proporción récord en la historia de nuestras finanzas públicas. De acuerdo con Oxfam, este impuesto al patrimonio de los superricos generaría 270 mil millones de pesos adicionales, que comparados con el total de ingresos públicos de 2022 de 6 billones 595 mil millones, significaría un incremento del 4.1 por ciento.
Sobre esta recomendación tendrían que pronunciarse los precandidatos de Morena y de los otros partidos contendientes. Las restricciones con las que operó la 4T este sexenio no tienen por qué mantenerse en la siguiente administración. El debate sobre esta cuestión es, sin duda, fundamental para la elección de candidatos y para el futuro del país.
