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Ciudadanía y protesta social
L

a muy numerosa marcha del pasado 13 de noviembre, realizada en varias urbes del país, y de manera significativa en la Ciudad de México, ha desatado una narrativa polarizada entre quienes la promovieron y quienes cuestionan el motivo de la misma: El INE no se toca. Algunos señalan que es falso el propósito enunciado, lo cual por lo menos denota que desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional por el Presidente de la República fueron omisos en una estrategia clara de comunicación. Así se ha llegado a afirmar que la marcha giró en torno a una propuesta imaginaria producto de la élite que quiere mantener privilegios del pasado. Sin embargo, no pretendo evocar los tiempos del presidente Vicente Fox y centrarme en lo que quiso decir.

Importa, y mucho, precisar el sentido y la preocupación que despierta la reacción oficial, desde la mañanera, ante la suerte de agravio que la movilización y sus promotores y participantes infirieron a la llamada 4T y en especial al titular del Ejecutivo, quien aparte de utilizar calificativos nada respetuosos y generalizados hacia políticos opositores y ciudadanos, anunció una suerte de contramarcha el próximo 27 de noviembre, encabezada por él. Ante tal propósito, resulta inevitable recordar que, al margen de su discurso, la manifestación fue un ejercicio del derecho a la protesta social y el mismo corresponde a la ciudadanía. Días después el propio Presidente dio el giro de marcha o manifestación festiva a la del 27, por el cuarto año de su gobierno. Lo cierto es que está en curso la instrucción, perdón, la preparación del partido Morena y aliados, para concentrar de manera voluntaria en la Ciudad de México a ciudadanos y gobernantes afines de todo el país y con ello dicen mostrar el músculo. Es claro que el tema de la propuesta de reforma tiene especial interés para el gobierno en curso, como también que, con todo y su fuerza en el Poder Legislativo, no le alcanza para la mayoría calificada requerida; por tanto, la movilización respalda la postura de quienes defienden al INE dentro y fuera del Congreso. Y por ello el encono se incrementó. Dejando de lado el espacio electoral, lo que importa es destacar que no es buen augurio la profundización de una postura que suele no considerar que tenemos un régimen de derechos y que las facultades y competencias de los tres poderes están perfectamente definidas. Olvidarlo ciertamente no es nuevo en el país desde los espacios de poder, el reclamo proviene que no se incluya el tema de los límites expresos en el reiterado no somos iguales.

El Presidente es un ciudadano, pero hoy su investidura trasciende a la postura de su dimensión individual, tiene facultades que no son de todos, son exclusivas.

La ciudadanía, los de a pie, tenemos un derecho que es puerta para ejercer derechos, consagrado en el artículo 9 constitucional, que señala: No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. La marcha del 13 de noviembre ejerció ese derecho y la respuesta oficial no guarda proporción.

Abundemos. A un año del asesinato de Samir Flores se efectuó una marcha significativa en la Ciudad de México exigiendo justicia; el pasado 12 de octubre el Congreso Nacional Indígena realizó una marcha precedida por una muy crítica postura política. No tuvieron respuesta ni declaración oficial al respecto. En estas horas llegará una marcha de los maestros de Guerrero, de la Ceteg-CNTE que tienen demandas directas hacia el Ejecutivo federal y esperan que se cumplan compromisos previos. Vaya, en nuestra historia tenemos marchas significativas como la multitudinaria del 12 de enero de 1994 que literalmente arrancó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari la declaración del cese unilateral al fuego frente al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De todo tenemos en nuestra historia y no es que la ciudadanía como el clásico del rey vaya desnudo, es que los gobiernos se han desnudado, ni qué decir de la histórica marcha del silencio en 1968 cuya respuesta fue la represión del 2 de octubre.

Así que no se puede abordar la protesta social con el enfoque de marchas buenas y marchas malas, ni su calificación por el número de participantes sujeta a la valoración del Estado.

La elección de 2018 la hicimos los ciudadanos y sus resultados expresaron la voluntad de 30 millones, de todos los sectores. Reitero la preocupación por la desmesura de una respuesta hacia quienes disienten. En efecto no todos somos iguales, pero se impone una postura política de tolerancia a la diferencia. Democrática, ni más ni menos.