Luego de pedir por años una justa reparación del daño, habitantes de la comunidad de El Quemado, en Atoyac, Guerrero, firmaron ayer un acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a fin de definir una ruta para indemnizar a las familias de víctimas por hechos que datan desde la llamada guerra sucia.

En esa localidad, que hoy cuenta con menos de mil habitantes, militares detuvieron en 1972 a 92 personas, a quienes acusaron de integrar grupos guerrilleros vinculados con el maestro insurgente Lucio Cabañas, originario de ese municipio.

La mayoría salió tiempo después con golpes y afectaciones a su salud física y mental, otros permanecieron presos por cuatro años, algunos murieron cuando permanecían detenidos y no se supo el paradero de una docena más, relató Saúl Martínez, vocero de los habitantes afectados en El Quemado.

Hemos caminado una lucha por más de 30 años. De los hechos tenemos nada más 79 expedientes. Estaban acusando a la gente de pertenecer a la guerrilla, lo cual era falso, y se ensañaron con nuestro pueblo.

El acuerdo con la CEAV –firmado luego de que varios familiares iniciaron el miércoles una huelga de hambre– señala que representantes de la comisión acudirán a la comunidad el próximo 18 de noviembre para revisar los expedientes de manera individual. También piden una disculpa pública del Estado. Presentaron los casos a la Comisión de la Verdad para la Guerra sucia.

Martínez apuntó que algunos parientes de las víctimas recibieron hace unos años una mísera reparación, una propina por el daño que sufrieron.

Atropellos

Fernando Morales, uno de los afectados, narró que en los hechos de 1972 detuvieron a su padre y tres hermanos. Su progenitor salió después de cuatro años preso, pero con lesiones que le impidieron seguir su trabajo como campesino.

Hace unos años dieron a 33 personas un apoyo que no está justificado por el tiempo que estuvieron presos. Desafortunadamente, mi familia fue atropellada, mi padre murió a consecuencia de los golpes: ya no dormía, no podía caminar, tenía dolor todo el tiempo, aseveró.

Reiteró que al menos un par de personas murieron dentro de la cárcel, en Acapulco, y los que salieron presentaron daños a su salud.

En tanto, representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación les explicaron que la indemnización se podrá comenzar a cubrir el próximo año.