La sentencia máxima contra el agresor de Ingrid Escamilla no sólo se trata de un castigo, sino de sentar un precedente y evitar una situación similar en el futuro, afirmó la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy. Por ello, dijo, se buscó sancionar a los servidores públicos que filtren datos y materiales sensibles de las víctimas.