Desde que se hicieron públicas las indagatorias sobre el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), unas 15 personas han solicitado apoyo a las autoridades debido a que no tienen certeza jurídica sobre la posesión de sus departamentos, los cuales se encuentran en edificios que violan el uso de suelo.

En entrevista con La Jornada, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa Pérez, explicó que estas personas se encuentran en la indefensión al no poder tramitar las escrituras de sus propiedades –valuadas en millones de pesos– ante un notario público, lo que les impide vender el inmueble.

Uno de los afectados es un señor de 60 años que quiere irse vivir a provincia, pero no puede negociar su vivienda porque es irregular.

Es gente que de buena fe adquirió (años atrás) un departamento, no barato, que quizá fue el ahorro de una vida de trabajo o de algún crédito bancario y que les ha surgido el interés de vender, y cuando van al notario público resulta que su uso de suelo es de cinco niveles, pero viven en el piso seis, por ejemplo, dijo Ulloa, quien afirmó que todas las escrituras de departamentos que se ubican en pisos ilegales son apócrifas.

Ante ese problema, la dependencia ha dado acompañamiento a los afectados para que, si lo desean, puedan proceder legalmente contra la constructora y/o cualquier persona involucrada en la edificación y operación del inmueble.

Como parte de las investigaciones, la Seduvi ha entregado a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) los nombres de empresas involucradas, así como el número de pisos ilegales que se han detectado en la alcaldía Benito Juárez.

Se trata de un abuso

Se ha identificado que esos inmuebles se construyeron bajo el amparo de la norma 26, algunos suman hasta seis pisos ilegales. Datos de la Seduvi refieren que entre 2010 y 2013, cuando gobernaron los panistas Mario Alberto Palacios y Jorge Romero, se edificaron 396 inmuebles con base en dicha norma, la cual promovía la construcción de vivienda social con costos de 700 mil pesos, pero que en la realidad se vendían en millones.

Para Ulloa Pérez se trata de un abuso que es parte de una cadena de corrupción que va desde el funcionario que recibe los documentos en ventanilla hasta el notario que emite escrituras sin que haya certeza sobre el uso de suelo.

“Es un problema muy grave que estamos encontrando y como fueron construcciones de años atrás, quizá al principio no vendes, pero si tu familia está creciendo y quieren un mejor espacio, pues no pueden.

Han aparecido este número de personas, pero yo creo que se va a correr la voz y tal vez vamos a llegar a un número muy importante porque en un edificio son legales cuatro pisos, pero construyeron el quinto, donde digamos que el rango normal de construcción establece que hay cuatro departamentos; entonces, yo creo que se va a ir incrementado conforme se vaya difundiendo.