n días pasados el gobierno de Joe Biden anunció pequeñas concesiones en el férreo bloqueo económico que mantiene desde hace casi seis décadas en contra de Cuba: eliminó el tope trimestral de mil dólares, restableció los vuelos comerciales desde territorio estadunidense hacia varias ciudades de la isla y ofreció agilizar el procesamiento de visas con propósito de reunificación familiar.
Para devolver la situación al punto en el que se encontraba cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca –que sería el punto desde el cual podría avanzar la normalización de las relaciones bilaterales–, Washington tendría que revertir la inclusión de La Habana en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.
Se trata, por lo demás, de pasos insuficientes para aliviar el inmoral y prolongado cerco económico, pero en la actual coyuntura resultan significativos.
Y es que unas horas después se supo que Estados Unidos autorizará el inicio de negociaciones entre la empresa petrolera Chevron y la venezolana PDVSA, de propiedad estatal, eliminará a un ex funcionario de esa compañía estatal como una forma de propiciar la reanudación del diálogo en nuestro país entre el gobierno de Nicolás Maduro y formaciones opositoras.
Otro elemento de contexto es la proliferación en el continente de voces discordantes con la determinación de Washington de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre hemisférica convocada por Biden y que deberá realizarse en Los Ángeles el mes entrante.
Aunque por razones distintas a las del presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammatei, anunció ayer que no asistirá al encuentro, luego de las críticas estadunidenses a la designación como fiscal general del país centroamericano de Consuelo Porras, señalada de corrupción por la Casa Blanca.
Honduras y los 14 integrantes de la Comunidad del Caribe decidieron no acudir a la reunión en solidaridad con La Habana y Caracas. Por su parte, el mandatario chileno, Gabriel Boric, conocido por sus posturas críticas a los gobiernos de Cuba y Venezuela, argumentó la necesidad de que ambos países sean incluidos en la cumbre de Los Ángeles.
Una postura similar adoptó en días pasados el presidente argentino, Alberto Fernández, en tanto que el brasileño Jair Bolsonaro aún no ha decidido si irá o no.
A pesar de que los pequeños gestos de Biden a Cuba y a Venezuela obedecen a lógicas distintas y singulares, es imposible no ver la coincidencia entre el creciente rechazo a las políticas arbitrarias de Washington en el continente y las súbitas concesiones estadunidenses a esas naciones, concesio-nes que, debe reiterarse, resultan del todo insuficientes.
Las sanciones económicas deben suspenderse en su totalidad porque son inmorales e injustas, provocan crisis económicas permanentes en las naciones que son víctimas de ellas, generan sufrimiento y carencia entre las respectivas poblaciones y, en última instancia, son del todo ineficaces, como lo prueba el prolongado bloqueo contra la revolución cubana, el cual durante 60 años no ha logrado inducir cambios significativos en la isla.
A la vista de esos hechos, es deseable que los países ubicados en el sur de Estados Unidos intensifiquen su exigencia de que la superpotencia abandone su política excluyente e ilegal, acepte convivir y dialogar con gobiernos de orientaciones distintas y abandone de una vez por todas su pretensión de dictar a otros países las formas en las que deben gobernarse.
