La inflación acumulada durante los primeros cuatro meses del año absorbió 13.6 por ciento del aumento al salario mínimo acordado para 2022 y ha llevado a que prácticamente tres cuartas partes de esta remuneración base apenas alcancen para adquirir la canasta mínima reportada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la mayor parte del país.

Si bien gobierno, trabajadores y empleadores acordaron un incremento de 22 por ciento al salario mínimo para este año, como parte de la política para recuperar el poder adquisitivo de esta remuneración base que tuvo una tendencia a la baja por casi tres décadas, el encarecimiento generalizado de bienes y servicios consumió parte de ese avance.

En los cuatro primeros meses del año, la inflación acumulada alcanzó 2.98 por ciento. Es la más alta desde 2017, año en que se liberaron los precios de las gasolinas y el costo de bienes y servicios registró una alza generalizada de 3.04 por ciento. Ambas cifras se cuentan como las más altas en 22 años.

No obstante, lo mínimo del salario base –pese a los incrementos de doble dígito acordados en los cuatro años para su referencia en la mayor parte del país– implica que al menos 77.3 por ciento se va mensualmente en la canasta mínima de 24 productos determinados por Profeco en las zonas sur, centro y centro norte del país.

En tanto que para la región norte, donde el salario mínimo es más alto, la canasta mínima determinada por Profeco absorbe 53.2 por ciento de esa remuneración si se adquiere en su precio más bajo, de acuerdo con el monitoreo presentado por el organismo en la conferencia presidencial del 9 de mayo.

Las presiones inflacionarias a nivel mundial, tanto en energéticos como alimentos, llevaron al gobierno federal a buscar un acuerdo con la iniciativa privada para que no se aumente el precio de una canasta mínima determinada por Profeco y que está compuesta de 24 productos (en su mayoría alimentos y dos de higiene).

Esta canasta mínima es prácticamente la mitad de la que usa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza y que en zonas rurales se integra por 45 conceptos (33 de ellos alimentos) y en las urbanas de 49 (37 alimentos).

Además de los alimentos que cambian para las zonas rurales y urbanas, la canasta básica del Coneval se integra por 12 rubros, entre los que se encuentran transporte, limpieza, higiene personal, educación, cultura y recreación, vivienda, calzado y vestido, salud, entre otros.