omo ya lo sabe medio mundo (tenemos hasta el 10 de abril para que lo sepa la otra mitad), el segundo domingo del cuarto mes de este año, se llevará a cabo la equívoca, muy mal concebida, y reglamentada consulta nacional.

Pues de conformidad, asimismo, con la legislación mencionada, las autoridades competentes (en su acepción de incumbencia, no de conocimientos y capacidad) decretaron, a partir del pasado día 4 una veda electoral que entre otras cosas prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión para promover entre los electores cualquiera de las dos opciones. No me parece mal la medida, pero sí un tanto innecesaria, porque quienes tienen los recursos para esas erogaciones (nótese que no dije gastos, pues estas inversiones resultan ampliamente redituables) jamás dan la cara.

Lo que sí me parece un despropósito son las limitaciones a los funcionarios públicos para que puedan libremente manifestar su forma de pensar y tratar de hacer labor de convencimiento en favor de la opinión que ellos juzgan la correcta. Por supuesto que dentro de los horarios laborales en que se sustentan sus emolumentos con dinero del erario no sería aceptable ninguna labor proselitista y menos todavía la desviación de recursos económicos –en efectivo o en especie– para cubrir gastos ocasionados por la militancia partidaria. Pero eso sí, defiendo el derecho al activismo político, al adoctrinamiento, al proselitismo en todo lugar y toda hora. Respetemos las reglas (o cambiémoslas), pero acatemos las normas que fueron aprobadas por nuestra torpeza, falta de visión o, aun por urgencias y prisas que luego cobran sus réditos. Pero no quitemos de la mira el propósito de su reforma en la primera oportunidad. Vean ustedes los mensajes transmitidos por televisión (supongo que también por radio) y producidos o financiados por el INE, quién sabe por qué métodos. En uno se presenta a dos jóvenes conversando: ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? Contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a ine.mx. ¿Y quiénes contarán nuestras opiniones? Nuestros vecinos, elegidos por sorteo y capacitados por el INE, quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Éste es apenas un ejemplo de la soberbia y cretina actitud que el INE asume en muchas decisiones que deberían estar apegadas a la normativa existente. Pregunto: ¿los llamados espots radiofónicos y televisivos contratados por el INE son producto de una licitación pública o de una decisión de autoridad? En el primer caso, ¿quiénes los consideraron aceptables? En el segundo, ¿quiénes, sin mayores probanzas, les dieron su torpe, generoso y compartido visto bueno? Mejor digamos: su generosa y compartida aprobación. Si me da tiempo o alguien me echa la mano, pidamos a don INE algunas transparencias (no fotográficas, sino contables), sobre los manejos de sus partidas presupuestarias que implican campañas informativas, educativas, de capacitación y demás programas cívicos que en muy diversos medios el instituto lleva a cabo permanentemente. De seguro la calidad de los productos comunicacionales está fuera de duda y podremos aplaudirlos en colectivo… o no.

Finalmente, un asunto que no puedo dejar de, simplemente, enunciar y al que no debemos quitarle el ojo, es el final de la columneta de este día. Como mis conocimientos de matemáticas o, para decirlo con propiedad, de aritmética elemental, no rebasan la certeza de que: dos por dos son cuatro; cuatro y dos son seis; seis y dos son ocho, y más ocho 16, les solicité su ayuda a la maestra Blanca Ponce y al casi licenciado Diego García, para prevenir este posible y nada deseable tropiezo. En 2018, las elecciones nos dieron estos datos: total de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores: 89 millones 250 mil 974. Número de ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio: 56 millones 601 mil 874, es decir, 63.42 por ciento. Esta votación se recogió en 156 mil 674 casillas que, finalmente se lograron instalar. Para la consulta a efectuarse este 2022 se tiene previsto la instalación de 57 mil 377 casillas, es decir, las 57 mil 77 de la consulta popular, más 300 casillas especiales. Una por cada distrito. Hasta el 11 de febrero la lista nominal constaba de 93 millones, 318 mil 411, ciudadanos. En los primeros días de marzo se darán a conocerlas listas nominales definitivas. El problema es evidente: la lista nominal de electores es, obviamente, mayor que en 2018, pero las casillas receptoras de votos serán, en abril, apenas 57 mil 377, o sea 36.59 por ciento de las instaladas en 2018.

La pregunta clave es: ¿pese a lo absurdo de la situación descrita, el INE continuará con su enfermiza actitud de golpear a Morena para crear una crisis a la cual agarrarse y salvar la indecorosa faltriquera? ¿Exigirá una cantidad de sufragios para hacer vinculante la elección que, bien sabe, está imposibilitado de recibir? Y, Morena, ¿seguirá aguantando?

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