México puede liderar a escala global con una legislación del agua basada en la primacía de los derechos humanos. La nueva ley en la materia (pendiente desde hace una década) debe superar desigualdad, sobrexplotación, corrupción y dinámicas de privatización del líquido, problemas gravísimos que ciudadanos han identificado, sostuvo Pedro Arrojo, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento.

Recordó que el Congreso de la Unión, que ha sido omiso en emitir la legislación según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede recuperar el dictamen, porque más allá del reconocimiento formal de estas garantías (que ya existe en la Constitución), es necesario aterrizarlo en nuevos marcos legales para normar la gestión. Dijo que la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas “ha promovido un proceso de participación sin precedentes.

No basta un anexo legal que hable marginalmente de los derechos humanos, mientras se mantiene una gestión de aguas bajo la lógica vigente de dominación y explotación de la naturaleza, precedida por intereses económicos que promueven modelos de gestión insostenible que marginan las garantías fundamentales de los más pobres, donde siempre están los pueblos indígenas.

Confió en que el Ccongreso mexicano saque adelante esta ley general de aguas que garantice no sólo la sostenibilidad, el desarrollo económico y los derechos humanos sobre el producto, sino también el respeto a las comunidades originarias, establecidos en las convenciones internacionales de la ONU.

Durante el foro virtual El derecho humano al agua y la libre determinación de los pueblos indígenas, convocado por la ONU y organizaciones ambientalistas, Arrojo aseveró que de debe garantizar la sostenibilidad de ríos, humedales y acuíferos, lo cual es vital ante el cambio climático, no sólo para los pueblos, sino para la humanidad.