Cajeme, Son., Miembros de la tribu yaqui aseguraron que la desaparición de siete indígenas el pasado 14 de julio es parte de una persecución política de los gobiernos estatales y federal en contubernio con consorcios empresariales que planean megaproyectos en sus tierras, ubicadas en el sur del estado.

Los integrantes de la etnia declararon lo anterior después de que ayer, en un reunión con la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, fueron informados sobre los detalles de la localización de restos óseos de seis personas, el pasado lunes, en los alrededores del cerro El Chichiquelite. Los yaquis pudieron identificar algunas prendas de sus parientes y amigos.

En entrevista, Guadalupe Flores Maldonado, asesor jurídico del pueblo de Loma de Bácum, aseguró que con estos ataques el Estado intenta dividir a la comunidad para apoderarse de sus recursos.

Nada es fortuito. No creemos que sea el crimen organizado, porque ellos no van a querer que se les caliente la plaza, como se dice. Aquí el interés es de los gobiernos pasados y actuales, que quieren apoderarse de nuestras tierras, aguas y minerales, expuso.

Añadió que entre el paquete de intereses se encuentra el Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, a cargo del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas (INPI), cuya firma está prevista para el próximo martes, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluye la delimitación del territorio de la etnia.

Es una de acciones más racistas e impostoras no escuchar ni atender las posturas de la tropa yoreme en los ocho pueblos yaquis, afirmó.

Flores Maldonado detalló que pese a que los desaparecidos, asesinados y presos políticos pertenecen a este pueblo, López Obrador solo atiende al poblado de Vícam, donde el próximo 28 de septiembre se signará el documento.

Ellos (el INPI) están acordando con puros delincuentes, están utilizando a los gobernadores duales, a los mismos que usaron cuando el presidente Ernesto Zedillo nos arrebató más de 120 mil hectáreas en 1997, la misma gente de hace 24 años, puntualizó

Asimismo, manifestó que todas las decisiones se han tomado a oscuras y por debajo del agua, lo que viola acuerdos internacionales.

La también yaqui María del Carmen García Vázquez apuntó que las represalias contra el pueblo de Bácum son un asunto político, así como el encarcelamiento de su esposo, Fidencio Aldama, sentenciado en 2016 a 15 años y seis meses por el delito de homicidio, tras oponerse al gasoducto de la empresa Ienova.