n lo que públicamente pretende presentarse como una suerte de nueva luna de miel entre Andrés Manuel y el Consejo Coordinador Empresarial, ayer gobierno y sector privado firmaron un convenio de colaboración que implica –versión oficial– una inversión cercana a 300 mil millones de pesos en el próximo bienio para estimular el crecimiento económico por medio de 39 proyectos específicos que involucran, entre otras, a las áreas de comunicaciones y transportes, energía y turismo.

De acuerdo con el anuncio, de entrada la inversión privada aumentaría un punto porcentual del producto interno bruto, con ganas de que en el mediano plazo esa proporción se incremente a 3 puntos. En un primer paquete, como lo definieron, se generarían alrededor de 190 mil empleos (se supone que formales). En los hechos, buena parte de dicha inversión se anunció en diciembre de 2019, pero la pandemia canceló esa posibilidad.

Hasta allí se ve bien, comenzando por el rencuentro entre el Presidente y la cúpula privada, la cual, al parecer, dejó atrás la exigencia de que el gobierno se endeude para salvar a los empresarios de siempre, es decir, que se socialicen las pérdidas para garantizar las ganancias privadas,

El problema, como siempre, es que tal convenio sea real, que se lleve a la práctica, porque en el régimen neoliberal era tradición que los machuchones (AMLO dixit) se reunieran con el inquilino de Los Pinos en turno para, con bombo y platillo, anunciar cuantiosas inversiones privadas que en los hechos nunca se concretaban.

De lo anterior ha dado cuenta el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico: la desaceleración de la inversión productiva es una de las herencias que recibió la administración de López Obrador. La baja inversión pública y privada no es algo coyuntural, es un problema sistémico que se generó desde hace casi cuatro décadas y que se ha exacerbado en años recientes. Entre 1980 y 1989 la inversión privada no creció en términos reales, fruto de la década perdida. Si bien existió una recuperación durante la década de los 90, la primera década del nuevo milenio mostró que ello no era sustentable, porque fueron flujos extraordinarios generados por la privatización, la apertura económica y la adopción de un modelo de exportaciones basado fuertemente en la maquila. Entre 2000 y 2009 el crecimiento de la inversión privada fue solamente de 2.6 por ciento como promedio anual.

A lo largo del periodo neoliberal abundaron los anuncios de inversión privada, pero en los hechos no trascendieron el discurso, al menos no en las cantidades prometidas, y si algo le ha faltado al país, si algo se mantiene como asignatura pendiente, es inversión, incluida la pública; ante su ausencia se registró un raquítico resultado económico en casi cuatro décadas de modernidad, algo contrapuesto al robusto cuan permanente incremento de las fortunas de los mismos barones que prometieron a más no poder. Entonces, urge pasar de los discursos a los hechos.

En la ceremonia de firma, el presidente López Obrador dijo que se trata de “más inversión para proyectos de infraestructura en el país; trabajamos de manera conjunta –sectores público, social y privado–, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos todos que no podríamos solos, no podría el sector público solo reactivar la economía como se necesita. Desde luego, ha sido muy importante lo que se ha hecho enfrentando las dos crisis, sanitaria y económica, el que se haya tomado la decisión de apoyar las actividades productivas de los de más abajo; muy contrario de lo que se hacía, rescatar a las grandes corporaciones”.

Las rebanadas del pastel

Como la humedad han crecido las fundaciones privadas para ayudar a los que menos tienen, aunque en los hechos sirven para evadir impuestos. Pues bien, ya lo anunció la jefa del SAT, Raquel Buenrostro: cinco de ellas, las mayores y ligadas a las grandes fortunas del país, se revisarán. Saldrán chispas.

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