A unos días de cumplirse un año de la masacre perpetrada el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde policías estatales y elementos del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (Caiet), en complicidad con militares, dieron muerte a ocho personas, familiares de las víctimas exigieron que se haga justicia.

A la conferencia de prensa realizada en la casa de uno de los parientes, en Valles de Anáhuac, acudió el sacerdote católico Carlos Raúl Ramírez Moreno, quien viajó desde Los Ángeles y cuya sobrina Jennifer fue asesinada.

En el ataque perecieron Wilbert, Juana Yetzel y Enrique, los tres de 20 años de edad; Jennifer, de 21; Severiano, de 34; Cindy Esmeralda, de 39, así como Luis Fernando y José Daniel, de 19 años.

Nos dirigimos con todo respeto a usted, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de esta entidad (emanado del Partido Acción Nacional), para hacerle saber a usted y a toda la nación el abandono que hemos padecido, primeramente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, instancia que debería ser la primera en atender a las familias para resolver los agravios. Esto le ha restado credibilidad a su gobierno, pues lacera y lastima a las víctimas de las violencias cometidas por miembros del Estado, señaló el clérigo.

Consideró que Jennifer y las otras siete personas fueron víctimas de una guerra que sólo privilegia a los gobernadores.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, expuso que, únicamente hay dos uniformados detenidos en una cárcel donde gozan de todos los privilegios, tres se acogieron a la figura de testigos colaboradores y dos están prófugos.