llá por los tiempos de la modernización nacional, el entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari, decidió privatizar al ciento por ciento la industria mexicana de fertilizantes (hasta ese momento propiedad del Estado), por tratarse, según decía, de un sector no estratégico para el país. Por aquellos ayeres, antes de tal disposición, México no sólo era autosuficiente en la materia, sino que se daba el lujo de exportar productos de alta calidad destinados a incrementar la producción en el campo.

Como tantas otras privatizaciones, la de Fertimex sólo provocó tres cosas: el enriquecimiento de un grupito ligado al modernizador, la quiebra y/o extranjerización de las empresas entregadas a particulares y la reconversión de México de exportador a importador neto de fertilizantes (a estas alturas alrededor de 80 por ciento de ellos proviene de afuera).

Dos de los beneficiarios de la privatización salinista de Fertimex hoy están en la picota: Alonso Ancira (también favorecido por Salinas de Gortari con la venta de Altos Hornos de México, entre otras empresas ex paraestatales, y hoy en arresto domiciliario en España) y Fabio Covarrubias (socio de Cabal Peniche en BCH; agréguese Fobaproa y otros detallitos). Durante el salinato y gobiernos subsiguientes ambos se hincharon de dinero, contaron con la protección del régimen y se dieron el lujo de revender al Estado –a precio inflado y con la complicidad de Emilio Lozoya– las empresas de fertilizantes que adquirieron allá por 1991-1992: Agro Nitrogenados y Fertinal (por el par, chatarra pura, Pemex desembolsó más de mil millones de dólares en el sexenio de Enrique Peña Nieto, más gastos de reflotación; la ganancia para los empresarios, la pérdida para la nación).

Entonces, por donde se vea, la privatización fue un jugosísimo negocio para los barones y un desastre para el país. México prácticamente dejó de producir fertilizantes, amén de que otra política del salinato fue reconvertir al campo (privatización del ejido) y promover a grandes agronegocios (de los amigos, claro está). Campo seco con campesinos miserables, pero agroindustriales riquísimos.

Según información del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, a estas alturas se importa 79 por ciento de los fertilizantes que se utilizan en el país y la mayoría proviene de Rusia, China, Irán y Egipto. En 2017 la importación fue por más de 20 mil millones de pesos. Además, el mercado actual de fertilizantes en México opera prácticamente sin regulaciones de precio y calidad; importadores, fabricantes y distribuidores son los que determinan los precios que rigen en el mercado, con altos márgenes de ganancia.

El CEDRSSA calcula que en promedio los márgenes de comercialización de los distribuidores de fertilizantes en el país son superiores a 60 por ciento. Si se consideran estos márgenes el mercado de esos productos en México puede ser superior a 45 mil millones de pesos en un año, lo que da una dimensión de las utilidades que obtienen los comercializadores, todos ellos privados.

Entre 1991 y 1992, por la privatización de 13 plantas de fertilizantes, el Estado mexicano recibió –se supone– 316 millones de dólares, monto muy inferior al real. Poco más de dos décadas después, Pemex, con Lozoya, pagó cerca de mil millones por sólo dos de ellas, convertidas en chatarra pura. Y como esas, existen muchísimas historias relacionadas con la privatización del aparato productivo del Estado. Rotundo fracaso para el país, pero, eso sí, una máquina perfecta para enriquecer a los amigos del régimen.

Las rebanadas del pastel

Entonces, sirva lo anterior para contextualizar la relevancia del anuncio que ayer hizo el presidente López Obrador: estamos iniciando la producción de fertilizantes (del Estado) en las plantas de Coatzacoalcos, de Pajaritos, famosas porque dieron lugar a las denuncias de corrupción de Ancira y Lozoya. Esas plantas ya están produciendo.

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