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El precandidato argentino Alberto Fernández acude a declarar sobre el caso AMIA

El juez se mueve por motivos políticos, no jurídicos, asegura

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▲ El precandidato Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, acudió a declarar ante un juez, quien lo interrogó como testigo por sus declaraciones realizadas durante una entrevista de febrero de 2015.Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de julio de 2019, p. 27

Buenos Aires. El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, que comparte fórmula con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, debió presentarse en tribunales, para declarar como testigo en la causa que investiga la firma de un memorando de entendimiento con Irán en un intento por esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), sucedido el 18 de julio de 1994, y atribuyó está citación del polémico juez Claudio Bonadio a cuestiones políticas y no jurídicas.

Fue citado por declaraciones periodísticas realizadas el 26 de febrero de 2015 durante una entrevista con el periodista Nelson Castro, en las que aludió al tema nunca comprobado de que el memorando era un intento de encubrimiento, como se pretendió expresar en una causa falsa, una de las tantas armadas contra la ex mandataria.

Fernández fue citado poco antes del 25 aniversario del atentado que causó 85 muertes en la mutual judía en el popular barrio porteño de Once, en momentos en que se intenta fabricar nuevamente una responsabilidad de funcionarios iraníes, que nunca se comprobó, pero sostenida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

Lo que yo recomiendo al abogado de la querella es que vuelva a estudiar los principios elementales del derecho procesal, porque un testigo es alguien que conoce a través de sus sentidos, no alguien que opina, dijo Fernández, ex jefe de gabinete en el gobierno del ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner y se preguntó si van a citar a todos los que opinaron sobre el memorando.

A pesar de que el documento fue firmado en 2013, y ratificado por el Congreso argentino y, no se concretó nunca, se acusó a la ex presidenta; al ex canciller Héctor Timerman, ya fallecido; al diputado Andrés Larroque, y al dirigente social Luis D’Elía de haber intentado encubrir a los funcionarios y diplomáticos iraníes acusados de ser responsables del atentado, aunque nunca se haya podido probar esta versión.

La causa ha sido elevada a juicio oral por insistencia de este gobierno y Bonadio sólo tiene una parte de la instrucción de la misma, aunque decidió repentinamente unos días después del anuncio de la precandidatura de Fernández citarlo como testigo, lo que fue interpretado por analistas como una maniobra sucia para mostrarlo en tribunales.

Por su parte, el ex secretario general de la presidencia, Óscar Parrilli, dijo a la prensa que no lo dejaron entrar a él ni a los abogados junto a Alberto Fernández al juzgado en el que no estaba Bonadio presente, y analizó que el magistrado llamó a declarar al precandidato como parte de la campaña de (la alianza oficialista) Cambiemos. Cuando no era candidato no lo citaban.

La denuncia sobre el presunto encubrimiento mediante el memorando fue escrita en horas por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien fue llamado de urgencia en enero de 2015, mientras estaba de vacaciones en Europa no se esclareció por quién o quiénes, presentó una denuncia contra la ex presidenta, que fue rechazada cinco veces.

El juez Daniel Rafecas determinó en febrero de 2015 que “ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Gerardo Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (Comisión de la Verdad), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las notificaciones rojas), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito” negando de modo categórico al supuesto plan criminal denunciado. Esto le valió a Rafecas la persecución política, intentado llevarlo a juicio político como se hace con todos los jueces o fiscales, que no resuelvan las causas como el gobierno quiere. Fue este gobierno quien ordenó reinstalar la causa valiéndose de los medios de comunicación y los jueces afines.

Fernández no estuvo de acuerdo con el memorando en su momento. Siempre mis críticas estuvieron en el terreno de lo político y nunca de lo jurídico. Me extraña que la querella, que me propone como testigo, no acompañó ninguna de las infinitas declaraciones que hice afirmando que esta era una cuestión política no judiciable, dijo