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Un año de la 4T

Hay aciertos, pero aún falta

AI: pendiente, deuda del Estado con defensores de garantías fundamentales

La protección a periodistas debe ser tema prioritario

 
Periódico La Jornada
Martes 2 de julio de 2019, p. 5

Amnistía Internacional (AI) México señaló que si bien la política de derechos humanos del gobierno federal ha tenido algunos aciertos, hay preocupación debido a que las decisiones en esa materia se toman privilegiando criterios políticos por sobre los principios que rigen las garantías fundamentales, lo que puede conducir a graves retrocesos.

Ayer el organismo internacional presentó un balance sobre la situación de los derechos humanos a un año del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo un llamado a la actual administración para abordar desde una perspectiva integral las garanatías individuales. En particular, subrayó, el Ejecutivo federal tiene la oportunidad única de subsanar la deuda del Estado mexicano en la materia.

El análisis aborda varios tópicos nodales: sobre seguridad nacional, señaló que tanto el gobierno como la sociedad coinciden en la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad profesional y efectivo para combatir al crimen organizado. Sin embargo, acotó, el proceso de creación de la Guardia Nacional estuvo lleno de contrastes y hay riesgos de que su carácter civil sea rebasado por lo militar.

AI subrayó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, que han hecho importantes contribuciones a la construcción de la democracia mexicana, por lo que lamentó el desdén y ataques del Presidente contra ellas.

Enfatizó que existe una deuda del Estado mexicano con los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que su protección debe ser un tema prioritario en la agenda de la administración federal.

Respecto de la migración de miles de personas, en particular centroamericanos, a México, AI indicó que al principio de la actual administración hubo una política de puertas abiertas que incluyó el ofrecimiento de visas migratorias; sin embargo, la postura actual es el envío de la Guardia Nacional al sureste del país para contener el flujo de personas en tránsito, lo que significa que el gobierno está enfocando el tema desde una perspectiva de seguridad. Preguntó además si los integrantes de esa corporación están capacitados en temas migratorios y de derechos humanos.

Sobre la violencia contra las mujeres, alertó que se trata de una situación a todas luces intolerable por el alto índice de agresiones en su contra, que provoca el asesinato de casi 10 de ellas cada día, según cifras oficiales.

Reconoció los avances en el caso Aytozinapa y las reuniones del mandatario con víctimas de otros casos de violaciones a garantías fundamentales, como los desaparecidos o la guardería ABC; lamentó que exista un rechazo importante en el cumplimiento de recomendaciones que le han hecho organismos internacionales, y expresó su preocupación por la aprobación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la relativa a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.