Caracas. El gobierno de Venezuela planteó cinco puntos concretos para negociar con la oposición la apertura de un proceso político de diálogo: respeto a la soberanía, derecho a la paz, levantamiento de las sanciones, un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas y la no injerencia de otras naciones o gobiernos en los asuntos internos del país.

Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta, puntualizó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, al responder este sábado a la agencia de noticias Sputnik si el gobierno estaría dispuesto a negociar en una posible mesa de diálogo elecciones presidenciales, como lo planteó el Grupo de Contacto Internacional, convocado por la Unión Europea y Uruguay.

El funcionario destacó que los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo, en las que fue relecto el presidente Nicolás Maduro para el período 2019-2025 con 67.84 por ciento de los votos, cumplieron con estándares internacionales y se realizaron con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia.

Rodríguez, quien participó en el proceso de diálogo con la oposición que se realizó entre 2017 y 2018 en República Dominicana, destacó que el boicot a la elección venezolana se hizo para tener el argumento de la agresión que actualmente están intentando perpetrar contra Venezuela. El boicot inició incluso antes de las negociaciones de Dominicana.

Lo que buscaba la oposición, a juicio del ministro, era alimentar un expediente de falsos positivos para desconocer los resultados electorales y facilitar un intento de golpe de Estado apoyado desde el exterior.

Agregó que las cuentas del Estado son objeto de constantes bloqueos y que uno de ellos es impuesto por la dictadura de Mark Zuckerberg, que les prohíbe publicar anuncios en las redes sociales que el estadunidense dirige: Facebook, Twitter e Instagram.

La oposición no reconoce el nuevo periodo presidencial por considerar que las elecciones de 2018 no contaron con las garantías que ellos exigieron en la mesa de diálogo de la República Dominicana.

Rodríguez calificó como una agresión inconstitucional, el reconocimiento del titular de la Asamblea Nacional (puesta en desacato), Juan Guiadó, como presidente encargado el 23 de enero pasado, porque por un señor que no ha elegido nadie.

Guaidó es investigado por el Tribunal Supremo de Justicia por usurpación de las funciones del Ejecutivo, que corresponden al presidente Maduro. Como parte de esta indagatoria, el máximo tribunal estableció medidas cautelares en contra del asambleísta, entre ellas la prohibición de salida del país.

No obstante, Guaidó llegó a la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, el pasado 22 de febrero, para que al día siguiente intentara ingresar cargamentos con ayuda humanitaria estadunidense a territorio venezolano a través las fronteras con Colombia y Brasil.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, comentó en entrevista con la agencia de noticias RT que los camiones con la asistencia estaban cargados con materiales para las protestas opositoras y que su gobierno comenzó con acciones legales para recuperar sus activos financieros en el extranjero.

El gobierno bolivariano también denunció la presencia de grupos paramilitares próximos a la frontera, en la región colombiana de Santander, donde incursionan cerca de 400 elementos irregulares armados.

Alertó que el gobierno colombiano financia a estos grupos con fondos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, e instó al organismo internacional a investigar el uso de sus fondos en esta zona fronteriza.

Pese a las campañas mediáticas contra Venezuela, enfrentamos con coraje y rebeldía los perversos atropellos del imperio de Estados Unidos. Contamos con la solidaridad de los pueblos del mundo, tuiteó Maduro.

Este mensaje lo respaldó por la misma red social el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: Estados Unidos continúa en su perverso afán de fabricar falsos pretextos para justificar la intervención y agresión a Venezuela. Alcemos nuestras voces por #ManosFueraDeVenezuela.

Durante una conversación telefónica, el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, externó su condena al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por las amenazas de su país contra el gobierno legítimo, una injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano y una vergonzosa violación del derecho internacional contra Venezuela.

El Ministerio de Exteriores de Rusia detalló en un comunicado que la conversación se realizó este sábado por la iniciativa de Washington y que su gobierno está dispuesto a celebrar consultas bilaterales sobre Venezuela siempre que se acaten los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ya que sólo los venezolanos tienen el derecho a determinar su futuro.

En este contexto, la Gaceta Oficial de Venezuela publicó un decreto presidencial que degrada y expulsa a 116 miembros y profesionales militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que recientemente desertaron.

En su artículos uno y dos, el estatuto argumenta que las expulsiones son por los delitos de deserción y traición a la patria, que implica la pérdida del grado y condecoraciones nacionales; sin menoscabo de las acciones que se deriven del proceso correspondiente.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó el jueves pasado que recientemente desertaron más de 100 miembros, entre los que figuran guardias, suboficiales y algunos oficiales, y aseguró que éstos recibieron ofertas hasta de 20 mil dólares para abandonar las filas.

Padrino replicó así al director de Migración de Colombia, Christian Krüger, quien indicó que 567 militares venezolanos habían desertado para luego cruzar hacia territorio colombiano. La FANB están integradas por 235 mil elementos.

Sin embargo, Guaidó reiteró en Twitter: Habrá amnistía y garantías para todos aquellos (militares) que se pongan del lado de la Constitución. Quienes vayan en contra del pueblo tendrán que asumir las consecuencias de sus acciones ante la justicia.