El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a las leyes del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y de Movilidad para obligar a las empresas concesionarias de los parquímetros a instalar cámaras de video que deberán estar conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Deberán, además, contratar un seguro que responda por daños y perjuicios o la pérdida parcial o total que pudieran sufrir los vehículos de los conductores que pagaron por el uso de la vía pública para estacionar.

La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, Gabriela Salido Magos, señaló al exponer el dictamen al pleno, aprobado por unanimidad de los 51 legisladores presentes en el pleno, que uno de los pendientes del sistema de parquímetros era cómo garantizar la seguridad de los vehículos, pero sobre todo de las personas que hacen uso del servicio.

La reforma aprobada fija un plazo de 120 días naturales para que los concesionarios y el gobierno capitalino den cumplimiento a la norma a partir de su entrada en vigor, al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial.

Por otra parte, la legisladora Salido Magos presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Movilidad y Orgánica de Alcaldías, en la que propone dar facultades a los órganos político-administrativos (demarcaciones territoriales) para que ordenen el retiro de bicicletas y monopatines sin anclaje que obstruyan e impidan el uso adecuado de las áreas públicas.

En el proyecto, la legisladora panista propone aplicar a los usuarios de dichos vehículos, y a las empresas como corresponsables, la sanción prevista en la Ley de Justicia Cívica por impedir el uso de los bienes de dominio público de uso común y obstruir entradas o salidas de inmuebles, a las que corresponde una multa de 10 a 40 veces la unidad de medida y actualización (UMA), con valor vigente, desde el primero de febrero, de 844.9 y 3 mil 379.6 pesos, respectivamente, o arresto de 13 a 24 horas.

Coloca al monopatín eléctrico, después del peatón y el ciclista, en tercer lugar en prioridad para el uso de las vialidades y lo incorpora como componente del sistema integrado de transporte público, y corresponderá a la Secretaría de Movilidad expedir los permisos a las empresas, previo cumplimiento de los requisitos y pago de derechos, con vigencia de seis años prorrogables, donde se definirán horarios, zonas de operación y vialidades por las que circularán y sitios para estacionar.