El delito de despojo es más grande de lo que pensábamos, al sumar alrededor de 3 mil carpetas de investigación, informó la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.

La mayoría de casos se presentaron en Cuauhtémoc, donde se ha detectado la participación de integrantes de la Unión Tepito; así como en Iztapalapa, Gustavo A. Madero (GAM) y Benito Juárez.

Todos los casos se concentran en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur), a fin de analizar los modus operandi utilizados.

En conferencia de prensa, explicó que en gran parte llegan a desalojar a las familias con armas de fuego. Dijo que las carpetas de investigación son revisadas para determinar los supuestos en que se dieron los casos de despojo, investigarlos y reponer la propiedad a sus dueños.

Hasta el momento, comentó, se ha entregado un inmueble, pero estamos trabajando en esta política especial, reuniendo la información, para actuar.

El caso de tres mujeres que denunciaron la invasión y despojo de un inmueble en la calle Regina, en el Centro Histórico, y que después fueron imputadas, también se investigará, indicó.

Así como al agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc, quien supuestamente les exigió dinero para liberarlas, pues no vamos a permitir este tipo de irregularidades, afirmó.

La procuradora informó asimismo que se envió a reserva la carpeta de investigación del desarrollo inmobiliario de la calle Laureles número 278, pero si hay una petición de los vecinos de nuevas diligencias, se desahogarán, pues los constructores sólo tienen permitido realizar obras de mitigación.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios fue enviado ayer a revisar esas obras de mitigación, que un juez, de manera extraña, las señaló de manera muy puntual y significó hacer todo el cimiento, por lo cual los vecinos dicen que la empresa continúa construyendo.

Dicha obra es uno de los polígonos analizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la jefatura de Gobierno, que suspendieron obras en 48 otorgados de manera indebida, procediendo en algunos casos a juicios de lesividad y en otros a la revocación, precisó.

La dependencia intervino en contra de la inmobiliaria por el uso de suelo y se logró una suspensión de la obra, pero los desarrolladores se ampararon para realizar los trabajos de mitigación, con el argumento de evitar mayores daños a las construcciones aledañas, y el juez aceptó.

Un perito fue enviado para verificar que únicamente se realizaran esas obras, pero el juez ordenó muchas más, lo cual molestó a los vecinos, quienes promueven un peritaje especializado para verificar el número oficial de la obra y si corresponde a los niveles a construir.

La inmobiliaria, sin embargo, se amparó y dijo que la procuraduría es omisa y tarda en resolver, por lo que un juez nos obligó a resolver y enviar la carpeta a reserva, apuntó.

En la conferencia también dio a conocer que la administración anterior incurrió en un subregistro de 49 por ciento en el delito de violación, equivalente a 667 casos.