La Guardia Nacional combatirá los delitos federales en todo el territorio nacional, pero en el caso de que algún gobernador pida su apoyo para tareas de seguridad pública local tendrá que pagar por ello, según se establece en un transitorio de la minuta que está ya en la Cámara de Diputados.

Muchos gobernadores creyeron que iba a ser gratuita la Guardia Nacional, pero no es así, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, mientras el panista Julen Rementería reveló que fue uno de los puntos en que los representantes del gobierno de López Obrador se mantuvieron inflexibles durante las negociaciones.

El bloque opositor, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, planteó que entre las funciones de la Guardia estuviera también auxiliar a gobiernos estatales con problemas por delitos a casas habitación y otros del fuero común, pero el gobierno federal lo rechazó y fue uno de los puntos en que tuvimos que ceder, porque además no pareció que fuera lo correcto, resaltó el senador Rementería.

Explicó que si un gobernador pretende que la agrupación lo apoye con patrullajes en algún municipio o región, tendrá que asumir el costo

En entrevista, el senador Mancera dijo que en pláticas con algunos gobernadores les explicó que desde el proyecto de Ley de Seguridad Pública que López Obrador remitió al Senado al inicio de la legislatura, se establece que habrá un costo, y en el dictamen con las reformas constitucionales aprobadas por el Senado se precisa esto en el artículo cuarto transitorio.

Si algún estado quiere a la Guardia Nacional en su territorio para combatir casos del fuero común, le va a costar, porque se trata de una policía nacional, responsable de los delitos federales, como el narcotráfico.

Aportaciones de estados y municipios

En el artículo cuarto transitorio se señala que en la legislación secundaria, en la Ley de la Guardia Nacional, se establecerán las reglas para determinar las aportaciones que harán los estados y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para atender tareas de seguridad pública de competencia local.

Los gobernadores y la jefa de gobierno de Ciudad de México estarán obligados, además, de acuerdo con el séptimo transitorio de la reforma constitucional, a presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

Para la ejecución de ese programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad, a partir del ejercicio fiscal 2020.

Los gobernadores deben enviar cada año a sus congresos locales y al Consejo de Seguridad Pública la evaluación integral de ese programa para fortalecer sus policías, con los avances y el cumplimiento de objetivos, en un horizonte de seis años.

Al respecto, Mancera resaltó que en el dictamen se respeta ante todo el pacto federal y se deja claro que deberá mantenerse la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.