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De Nuestras Jornadas

Prisiones

A

simple vista no lo parece, pero si se presta atención a los mensajes, aun los implícitos, salta a la vista la discordancia entre dos discursos que tienen que ver con el sistema penitenciario mexicano. Por un lado, desde la Presidencia se ha anunciado de modo oficial y más de una vez en cuanto a la nueva política de la administración federal del combate al crimen organizado: la captura de objetivos prioritarios de la delincuencia ha dejado de ser una meta de los organismos de seguridad del Estado. Ahora la prioridad será atacar las causas que llevan a ciudadanos a enrolarse en actividades ilegales.

Por otro lado, la Cámara de Diputados agrega nueve delitos a la lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa –es decir que los considera delitos de alto impacto–, lo cual por fuerza tiene que implicar un alza en el número de presos, así sea que estén en prisión sólo mientras se lleva a cabo su juicio. Pero las cárceles del país están sobrepobladas. Lo que es peor: están saturadas con reos que las leyes consideran de alta peligrosidad. Y eso que muchos salieron sin terminar sus condenas, por efecto de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que dejó de considerar meritorias de castigo corporal varias actividades ilícitas, como portar arma sin registro o de uso exclusivo del Ejército.

Luego, el Presidente anunció que dejará de operar la cárcel de Islas Marías, para convertirse en centro cultural en breve; y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, declara que urge construir un penal federal en el estado, para reubicar en ése a los reos federales que hoy saturan las otras prisiones –que no son de alta seguridad– y desde dentro siguen manejando sus negocios. Pero no parece ser una prioridad para el gobierno federal la construcción de nuevos penales porque lo relevante es atender las necesidades y carencias de la gente pobre, que es mayoría en el país.

Pero el país necesita prisiones. Y con urgencia, porque a pesar de que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio dejó de considerar merecedores de cárcel a los autores de varios delitos, los reclusorios están sobrepoblados como nunca antes en la historia del país.