Puebla, Pue.. Mujeres comerciantes denunciaron ayer que el Cártel Jalisco Nueva Generación intenta tomar el control de los mercados de esta capital –entre ellos La Acocota, Morelos y La Cuchilla–, y de las tiendas de autopartes de la calle 46 Poniente, a cuyos propietarios exige entre 500 y mil pesos diarios por derecho de piso y protección.

En este contexto, organismos empresariales y no gubernamentales, así como universidades públicas y privadas del estado, llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a recuperar la paz en la entidad, asolada por bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible y a los asaltos en carreteras.

En rueda de prensa, las locatarias, acompañadas por el abogado Hilario Gallegos, se cubrieron el rostro con paliacates por temor a represalias, pues ya fueron amenazadas de muerte, aseguraron.

“Gente del Cártel Jalisco Nueva Generación ha llegado a amenazar a los locatarios. Son encabezados por los apodados El Chupón, El Grillo, El Moy, El Palafox y El Perro, quienes han creado un estado de psicosis entre comerciantes y compradores”, acusaron.

Exigieron al gobierno de la ciudad, que preside la morenista Claudia Rivera Vivanco, recuperar el control y la seguridad de los mercados municipales, pues existe el riesgo de que la violencia se normalice en la capital. Solicitaron una reunión urgente con la alcaldesa para buscar alternativas.

Manifestaron que en Tamaulipas, Veracruz y Guerrero el asentamiento de los cárteles de la droga ha favorecido la proliferación de otros delitos, entre ellos la trata de personas y el robo de combustibles, lo que ha causado que se incremente la violencia.

Señalaron que las bandas criminales han rebasado a las autoridades municipales y estatales, porque desde los gobiernos se teje una red de corrupción en el que están involucrados mandos policiacos.

También solicitaron al gobierno federal enviar al Ejército Mexicano a los centros de abasto mientras se aprueba la Guardia Nacional.

Las mujeres se solidarizaron con las organizaciones de comerciantes cuyos miembros han sufrido atentados por negarse a pagar derecho de piso, y con las personas que han muerto en el fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas criminales.