San Luis Potosí, SLP. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, inició una ‘‘campaña de criminalización y acoso judicial’’ contra dirigentes de campesinos y ejidatarios que rechazan la presa La Maroma y un acueducto en el municipio Villa de Guadalupe, en el Altiplano potosino. Los afectados aseguraron que pretenden despojarlos de los derechos sobre aguas superficiales obtenidos mediante decreto presidencial en 1955.

El pasado 18 de octubre Teodoro Cárdenas Lucio, comisario ejidal de La Presa, y Héctor González Cruz, representante de esa comunidad, recibieron una notificación enviada por Moisés Juárez Navarro, agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de tramitación común del segundo distrito judicial con sede en Matehuala.

En la ‘‘citación de imputado’’ amparada en el oficio CDI/PGJE/ZA/MT/0719/18 se les informa que deben presentarse este lunes 22 de octubre a las 13 horas ante esa representación judicial. No obstante, no hubo notificación previa ni se identifica al autor de la demanda.

Los dirigentes deberán acudir con un abogado para ‘‘una diligencia de carácter penal’’ por los delitos de amenazas, lesiones y despojo. De no hacerlo, ‘‘se recurrirá a la fuerza pública’’.

El sábado anterior un centenar de campesinos y ejidatarios de las comunidades La Presa y Chilares acordaron publicar una carta abierta dirigida a Carreras López, en la cual denuncian ‘‘la campaña de amenazas e intimidación’’ de funcionarios estatales y federales contra los ejidatarios de La Presa, Villa de Guadalupe.

Con el citatorio enviado a Héctor González Cruz y Teodoro Cárdenas Lucio ‘‘se pretende criminalizar la justa lucha de nuestro ejido en defensa del agua que nos pertenece’’.

Pidieron al mandatario potosino parar esta presunta campaña y lo acusaron de permitir ‘‘ilegalidades y atropellos’’ en la realización del proyecto. ‘‘Los únicos interesados en realizarlo son los funcionarios que quieren beneficiarse económicamente con obras asignadas en procesos poco transparentes”.

Pidieron a la opinión estar atenta a ‘‘los actos ilegales’’ de Manuel Téllez Bugarín, autoridad local de la Comisión Nacional del Agua, y Jesús Alfonso Medina Salazar, director de la Comisión Estatal del Agua, y anunciaron que pedirán al próximo gobierno federal investigar la presunta falsificación de documentos para iniciar las obras.