La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió un grupo de visitadores adjuntos a Cosalá, Sinaloa, para atender quejas ciudadanas por violaciones a garantías durante el operativo que realizan elementos de la Secretaría de Marina para recapturar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

La reanudación de las tareas de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido bienvenida en todo el mundo, señaló la canciller Claudia Ruiz Massieu en la ceremonia de clausura del seminario sobre este tema, en el que participaron los titulares de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. Expuso que el regreso de nuestro país a la OMP con uno de los cuerpos militares más profesionales del mundo y con la institución más respetada en México, como son las fuerzas armadas, confirma la convicción de ejercer responsabilidad global en el tema de la paz. Indicó que las tres dependencias comparten el gran reto de comunicar e informar a la opinión pública mexicana la naturaleza y el alcance de la participación de México en estas acciones.

La Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, que preside la senadora priísta Marcela Guerra, rechazó el recorte de 5 millones de dólares a la Iniciativa Mérida, y explicó que esa disposición se derivó de que el Departamento de Estado estadunidense no presentó ante su Congreso el informe sobre los avances de México en la protección de derechos humanos. En la misiva se indica que la Iniciativa Mérida es un esquema de cooperación bilateral no asistencialista entre México y Estados Unidos que permite fortalecer y complementar los esfuerzos internos en el combate a la delincuencia organizada trasnacional. El comunicado señala que incluye tanto compromisos de acción de cada uno de los gobiernos, como de cooperación bilateral, transferencia de equipo, tecnología y capacitación para México. Los senadores precisan que mediante la Iniciativa Mérida se proporciona asistencia a México para profesionalizar la policía, la reforma judicial y penitenciaria; el reforzamiento de las tecnologías de información; el desarrollo de infraestructura; la seguridad fronteriza, y el fomento de una cultura de la legalidad, parte de esos proyectos, por requerimiento del Congreso estadunidense, están sujetos a la entrega de un reporte que acredita avances en materia de derechos humanos.