Juchitán, Oax., 23 de julio.

Chilpancingo, Gro., En el tercer Congreso de Antropología Popular del Sur, representantes de las etnias me’phaá (tlapanecos), na savi (mixtecos) y nahuas aseguraron que los gobiernos federal y estatal han dividido, golpeado y criminalizado a los pueblos indígenas, así como a sus dirigentes. La reunión, inaugurada ayer al mediodía en las instalaciones de la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, en esta capital, incluirá mesas de trabajo, programas artísticos y culturales.

Guadalajara, Jal., Este miércoles, un día después de que al menos 500 bomberos se manifestaron en el centro de Guadalajara, el ayuntamiento anunció que la próxima quincena les pagará la segunda parte de un incremento salarial de 700 pesos mensuales retroactivo al primero de enero, y entregará dos camiones de bomberos que recibirá en donación de Portland, Estados Unidos. Con el aumento, un oficial bombero ganará 12 mil pesos al mes: sin embargo, quedan pendientes otras demandas, entre ellas la renovación de sus equipos.

Ciudad Victoria, Tamps., La policía de Tamaulipas busca a cinco integrantes de una familia originaria de Santa Catarina, Nuevo León, que desaparecieron cuando se dirigían a un velorio en la ciudad de Tampico, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según sus familiares, salieron el 21 de julio hacia el puerto de Tampico por la carretera nacional Monterrey-Victoria. El último contacto que tuvieron fue a las 18:30 horas en un mensaje telefónico en el cual dijeron que estaban cargando gasolina en Ciudad Victoria. Los desaparecidos son Andrés López y Hortensia Ramírez Calles, ambos de 43 años, sus dos hijos y la abuela de éstos, Gloria Ramírez Pulido.

Cuernavaca, Mor., Los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán exigieron cancelar la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y reclamaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora Tradeco reparen el daño ambiental que han causado. Desde mayo la obra está suspendida por un amparo que interpusieron los afectados. Expusieron que el 23 de julio de 2013 “fuimos objeto de un despojo de Estado ordenado por (el gobernador) Graco Ramírez y la SCT, que utilizaron a la policía de mando único y a los trabajadores y contratistas de Tradeco como grupo de choque.