En meses recientes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado alrededor de 500 casos de venta ilegal de especies de flora y fauna a través de redes sociales y páginas de Internet.Frente a este incremento de comercio de especies bajo protección especial, la Profepa y la empresa Mercado Libre firmaron un convenio de colaboración. En conferencia de prensa el subprocurador de Recursos Naturales, Alejandro del Mazo, informó que se han detectado casos de este comercio como el deAlejandro Landeros, quien traficaba por Internet aves y reptiles, por lo que fue capturado y sentenciado a seis meses de prisión; Aldo Galicia, que tiene sentencia de dos años y seis meses, y la empresa JR Reptiles, que ofrecía animales también por Internet, no acreditó la procedencia legal de 380 animales.Además, dijo, se detectaron 500 casos de ventas por este medio debido a que se ha incrementado la vigilancia de las redes sociales, este mecanismo se utiliza cada vez más para ese fin. Hemos visto muchos casos en los que se utilizan empresas como Mercado Libre, Facebook y Twitter para el comercio de especies prohibidas. Del Mazo confió en que con el convenio se reducirá el comercio y podríamos obtener información para dar con quienes violan la ley ambiental. Mercado Libre se dedica a la venta de bienes y servicios por Internet.

Integrantes de organizaciones civiles lanzaron la campaña Existo si me nombras tú, cuyo objetivo es hacer visible la situación de las mujeres que sobreviven en las calles y las dificultades que enfrentan para acceder, entre otros, a sus derechos sexuales; a la identidad, salud, educación, y el trabajo. Nisaly Brito, directora ejecutiva de Commenta diálogo de Saberes, dijo que la campaña se difundirá en redes sociales y carteles. El fin es que la sociedad reconozca a esas personas que viven en espacios públicos y que se generen sitios para que puedan vivir con equidad e igualdad. La idea es hacer visibles a las mujeres más pobres y ocultas de la ciudad, a quienes por su condición pareciera que se les negara el acceso a sus derechos humanos y que no están reconocidas en el marco jurídico, además de que no se les toman en cuenta al hacer políticas públicas, expresó.