Hermosillo, Son., 9 abril.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que en las investigaciones contra Los caballeros templarios no existen pruebas que comprometan al mandatario de Michoacán, Fausto Vallejo. No tengo nada que involucre al gobernador, incluso las evidencias que estamos recogiendo dejan claro que el gobernador no tiene nada.

La presidenta del PAN, Cecilia Romero, exigió ayer una investigación profunda sobre los ex funcionarios michoacanos presuntamente vinculados al crimen organizado, incluido el gobernador Fausto Vallejo. En tanto, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó citar a reunión de trabajo a los comisionados nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que informen si hay más funcionarios del gobierno estatal involucrados con la delincuencia. En conferencia de prensa, Romero habló sobre el intento de los dirigentes priístas de deslindar a su partido de la situación que enfrenta el ex secretario de Gobierno de Michoacán Jesús Reyna. En San Lázaro, el presidente de la comisión, el panista José Anaya, explicó que la asistencia de ambos funcionarios deberá ocurrir antes del 30 de abril.

En la Comisión de Seguridad Social, senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron con representantes empresariales, en señalar que también rechazan la iniciativa presidencial para crear el seguro de desempleo, ya que, aseguraron, “se pone en gravísimo riesgo al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), además de que se desalentará el ahorro interno y eso afectará la economía nacional.

Los estímulos de asistencia y puntualidad regulados en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) integran el salario para efectos del pago de la prima de antigüedad establecida en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo, con motivo de la jubilación por años de servicio, cesantía en edad avanzada o vejez. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo determinó al sustituir una jurisprudencia emitida por la propia Corte en 2009. Los ministros consideraron que corresponde al importe de 12 días de salario por cada año efectivo laborado, entendido ese último en los términos de las cláusulas 1 y 93 del citado contrato colectivo como el ingreso total obtenido por el trabajador en retribución de sus servicios. Por unanimidad, la sala resolvió que dicho salario se integra con los pagos hechos en efectivo por sueldo, gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada por el trabajo realizado.