Aunque el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aplazó la discusión sobre el fondo de los dictámenes de los gastos de la campaña presidencial que elaboró la unidad de fiscalización (UF), los proyectos se presentarán en sus términos. A continuación las principales sanciones a las coaliciones Movimiento Progresista y Compromiso por México, las más penalizadas.

La Secretaría de Gobernación (SG) no había emitido hasta anoche ninguna información de una posible cita con la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para analizar el conflicto que atraviesa este gremio desde octubre de 2009.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó tres quejas de ciudadanos que se inconformaron por la designación de consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Diversas organizaciones sociales enviaron el pasado 16 de enero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un amicus curiae –documento presentado por terceras personas ajenas a un litigio, para brindar al juez mayores elementos para tomar una decisión–, mediante el cual le solicitan la admisión del caso de la masacre de El Charco, por considerar que ya se han agotado todas las instancias jurídicas del país.

Será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que determine la procedencia de la solicitud de un ciudadano para conocer las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales. Ayer la primera sala resolvió enviar al pleno el amparo en revisión presentado por Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz contra diversas disposiciones contenidas en el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de de Responsabilidades Administrativas, que establece que “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial –de los funcionarios públicos– se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. Quedó pendiente el proyecto elaborado por José Ramón Cossío, quien proponía amparar al quejoso a efecto de obligar a la Cámara de Diputados a entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de todos los legisladores. No hay plazo para que sea presentado al pleno el proyecto de dictamen correspondiente. Esto, tras la polémica que generó la decisión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de no hacer pública su declaración patrimonial.

Nuevo Laredo, Tamps. El cuerpo de un migrante que murió ahogado en su intento por cruzar a Estados Unidos fue rescatado de las aguas del río Bravo, a la altura de la planta tratadora de aguas negras, por elementos de la Subdirección de Bomberos y Coordinación de Rescate Acuático. El fallecido fue identificado por una credencial de elector que llevaba entre sus ropas como Rafael Álvarez Islas, de 28 años de edad, oriundo de Aguascalientes. Con él suman cuatro los migrantes fallecidos de la misma manera en esta localidad en el presente mes.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, designó a Cristina González Medina titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, y a Frinné Azuara Yarzábal, titular de la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades. González Medina fue directora de Incorporación y Recaudación en el IMSS, así como de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, entre otros cargos. Azuara Yarzábal se desempeñó en varios puestos en la administración del estado de México, entre ellos, directora de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular).