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Líder indígena asegura que la protesta continúa sin cambio

Acepta grupo de opositores a carretera dialogar con el gobierno de Bolivia
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de julio de 2012, p. 30

La Paz, 1° de julio. Los grupos indígenas mosetenses y t’siname aceptaron hoy dialogar con el gobierno, lo que representó una escisión en el colectivo que se opone a la construcción de la vía en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, en la Amazonia, informaron autoridades.

Los indígenas del pueblo Chimán y Mosetén, quienes respaldaban la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que llegó el miércoles a La Paz, suscribieron la noche del sábado un acuerdo con el gobierno y decidieron retornar a su comunidad.

Según la agencia Abi, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, manifestó que los dirigentes de ese grupo solicitaron instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo de manera voluntaria para presentar sus demandas.

El acuerdo signado por el grupo de 200 indígenas consta de 10 puntos, los cuales buscan mejorar la producción de carne y leche, la salud, la educación, la técnica y las telecomunicaciones.

Por su parte, Germán Nate, presidente del Consejo Chimán, aseveró que no recibieron ningún pago del gobierno para iniciar las conversaciones.

No traicionamos al pueblo indígena, no nos pagaron. Tenemos necesidad de negociar y lo hicimos libremente, enfatizó.

En tanto, Celso Padilla, dirigente indígena de los que mantienen la protesta, restó importancia a lo ocurrido. Indicó que en los campamentos instalados en La Paz estamos todos, nadie se ha movido.

El grupo indígena, que se opone a la carretera, se mantiene en tiendas de campaña, a una cuadra de la presidencia de Bolivia, en demanda de un diálogo sin condiciones con el gobierno, el cual vetó a dirigentes acusándolos de corrupción.

Unos mil 500 indígenas de la Cidob, quienes recorrieron alrededor de 600 kilómetros en más de dos meses, de Trinidad a La Paz, se oponen a la construcción del tramo carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por considerar que la ruta provocará un grave daño ambiental y abrirá la posibilidad de nuevos cultivos de coca.

Insisten en que se anule la consulta sobre el tema en las 63 comunidades del Tipnis, que se efectuará el 10 de julio.