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Es la quinta ocasión que la pide; la paraestatal cambia argumentos

Ordena el Ifai a Pemex entregar copia de convenio sidical por $1,700 millones
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 29

Por quinta ocasión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar copia electrónica del convenio administrativo sindical número 10275/04, el cual celebró con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por más de mil 700 millones de pesos, en julio de 2004.

Dicho acuerdo motivó la inhabilitación y una sanción de 862 millones 259 mil 470 pesos al ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, por parte de la Secretaría de la Función Pública, debido a que aquél entregó los recursos multimillonarios sin la autorización del consejo de administración de Pemex, ni de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

El Ifai instó a Pemex a que en futuras ocasiones se abstenga de clasificar esa información. Más aún cuando un tribunal colegiado de distrito ya ordenó la difusión de dicho convenio, debido a que el periodo de reserva establecido por la propia paraestatal expiró en enero de 2011.

Ésta es la quinta ocasión que el Ifai ordena a Pemex entregar copia del convenio, no obstante que la paraestatal ha acudido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para evitar la entrega de la información. Su argumento ha variado; en algunas ocasiones ha señalado que el sindicato petrolero resulta como tercero perjudicado si revela la información. Posteriormente alegó que no podía revelar la información porque aún no se había resuelto el juicio de amparo que el ex director general de Pemex promovió contra la SFP.

Para dar más solidez a la resolución, la comisionada ponente Jacqueline Peschard advirtió que aun cuando el convenio dio origen a un procedimiento de responsabilidades administrativas y forma parte de una averiguación previa y juicio de nulidad, de ningún modo Pemex acreditó que la difusión de ese documento causaría un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos y de impartición de justicia, o bien, que se afectarán sus estrategias procesales. Además, y conforme a la ley en la materia, es pública toda información relacionada con el uso y destino de los recursos públicos.