Organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que el pasado 27 de febrero el juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, José Eduardo Alvarado, les concedió el amparo solicitado hace un año por el rechazo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a investigar la violencia feminicida en el estado de México.

Dicha resolución obliga al sistema a sesionar de manera inmediata para analizar la procedencia de la solicitud de investigación presentada por las organizaciones en diciembre de 2010, considerando que se cumplieron todos los requisitos legales, y eventualmente emitir la alerta de violencia de género (AVG), señalaron María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Sergio Méndez, encargado de la dirección general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez, Estrada señaló que está en marcha el proceso de notificación a la secretaría ejecutiva del sistema, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, y confió en que dicho organismo convoque a la brevedad al sistema nacional (integrado por las titulares de los 32 organismos estatales de atención a la mujer, así como por representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Salud, entre otros organismos).

Los activistas catalogaron dicha sentencia como histórica, toda vez que contempla que las organizaciones no están obligadas a probar la violencia feminicida sino las autoridades, las cuales luego de la investigación determinarán si procede la declaratoria de AVG.

Además, el fallo sostiene que durante la sesión del sistema (enero de 2011) “no se demuestra, ni siquiera a manera de indicio, que las autoridades hayan dado lectura a la solicitud de las organizaciones o que analizaran las pruebas aportadas, sino que simplemente se dio lugar a una votación para declarar improcedente la investigación de la violencia feminicida”, informaron.

En las cuatro ocasiones que se ha solicitado al sistema nacional una eventual declaratoria de AVG (Oaxaca, Guanajuato, estado de México y Nuevo León), ésta se ha rechazado.

Méndez Silva aseguró que están listos para dar la batalla si las autoridades deciden impugnar el fallo y, de ser necesario, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, e informó que el pasado miércoles se presentó un amparo por la negativa en Nuevo León.

Agregó que los asesinatos cometidos por César Armando Librado, El Coqueto, son producto de la irresponsabilidad y la omisión de las autoridades federales y del estado de México, toda vez que se negaron hace más de un año a realizar una investigación que permitiera emitir la AVG en esa entidad.

Tan sólo en 2011, se registraron 289 feminicidios en ese estado. En el periodo de gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, los casos suman alrededor de mil.

Por su parte, la activista Norma Andrade llamó a la sociedad a no guardar silencio y solidarizarse con la lucha de las madres que buscan justicia por sus hijas desaparecidas, al tiempo que expresó su apoyo a las madres de jóvenes asesinadas que durante la conferencia dieron testimonio de irregularidades en las investigaciones.