Abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil harán pública este martes la denuncia que presentarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y altos mandos militares y civiles como Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, e incluso el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Resaltan en el documento que Calderón declaró el inicio de una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006; como resultado de ello, México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente, que ha dejado más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados.

Además, subrayan que existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables, como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado. Esta situación se debe por igual a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos una situación de impunidad estructural en la que únicamente 12 por ciento de los delitos son denunciados y 8 por ciento investigados.

Señalan que la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) y la inmunidad del Ejecutivo federal “generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios –civiles y castrenses– por su responsabilidad en esta crisis humanitaria. El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad”.

La petición a la CPI la respaldan 20 mil firmas de ciudadanos mexicanos, lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido el organismo en su historia.

Se apunta en la denuncia: “Vivimos un conflicto prolongado que enfrenta a autoridades gubernamentales y grupos armados, así como a estos grupos entre sí combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas; sin embargo, aun en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado.

“El Ejército Mexicano ha asesinado a civiles –incluso a niños completamente ajenos al conflicto– en retenes militares y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas de que no guardan relación con el conflicto, y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables; ejemplo de ello es el caso de los estudiantes asesinados en el Tecnológico de Monterrey el 19 de marzo de 2010.”