Número 169
Jueves 5 de agosto
de 2010


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Por repartir jeringas esterilizadas a los adictos a la heroína, condones a homosexuales y prostitutas, y distribuir información entre adolescentes y jóvenes para prevenir infecciones por VIH, Maxim Popov fue condenado a siete años de prisión en la ex república soviética de Uzbekistán. Los cargos: “socavar los valores morales de la juventud”, “promover la homosexualidad, la prostitución y la pornografía” y atentar contra “los fundamentos morales de la sociedad, la religión, las costumbres y tradiciones del pueblo de Uzbekistán”. La prueba: el manual educativo “Estilos de Vida Sanos, la Guía para Profesores”, financiado por agencias de la ONU.

Popov, de 29 años, acudía, junto con integrantes de su organización Izis, a los picaderos de heroína a repartir jeringas desechables, debido a que los pinchazos entre los consumidores de esa droga son la principal forma de transmisión del VIH en Uzbekistán. El gobierno de ese país, de mayoría musulmana, descontinuó el programa de ayuda a usuarios de drogas inyectables en 2009, año en que el psicólogo de profesión fue arrestado. Un año después, en febrero del 2010, fue sentenciado por una corte de distrito de la capital Tashkent.

El caso fue denunciado en la Conferencia Internacional sobre Sida, en su décima octava edición fue realizada en Viena, Austria, del 18 al 23 de julio pasado, con el propósito de enfocar la atención mundial sobre las dimensiones que la pandemia de VIH ha adquirido en Europa del Este y en Asia Central debido al tráfico y consumo de drogas y a la falta de reconocimiento del problema por parte de los gobiernos de los países que conforman ambos subcontinentes.

“En algunos países de Europa del Este y Asia Central la lucha contra el VIH no se reconoce y se niega la existencia de la epidemia en la región, por lo que es difícil intervenir y se reprime y criminaliza a los activistas”, explicó a Letra S Anke van Dam, directora de programas y operaciones de AIDS Foundation East West, organización que brinda apoyo a organizaciones de la sociedad civil asentadas en países de la región oriental de Europa.

Por las rutas de la heroína
El virus ha seguido la ruta del tráfico ilegal de heroína que se procesa y origina en Afganistán y se trafica a través de los países de Asia central que hacen frontera con ese país. De acuerdo a informes de la ONU, 6 millones de dosis diarias de heroína se trafican de manera ilegal en la región. Muchas de esas dosis se quedan en el camino recorrido por el narcotráfico rumbo a los mercados de Europa occidental.

De acuerdo con reportes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida (Onusida), el grupo en el que más ha crecido la pandemia a nivel mundial es el de los usuarios de drogas inyectables. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito calcula que en el mundo 64 millones de consumidores de ese tipo de drogas están en riesgo de contraer VIH. En Europa y Asia Central más del 30 por ciento de esa población, 8.8 millones, podrían estar infectados.

La llamada Guerra contra las Drogas no ha logrado detener el consumo. La persecución y encarcelamiento de los consumidores ha propiciado la exposición a múltiples riesgos, como la violencia y la transmisión del VIH, de quienes se aficionan a su uso. Por esa razón la comunidad científica internacional reunida en la reunión cumbre del sida lanzó la llamada Declaración de Viena, para establecer que “La penalización de los consumidores de drogas ilícitas está fomentando la epidemia de VIH con consecuencias sociales y de salud, tremendamente negativas”. Y para apelar a los gobiernos y a las Naciones Unidas a despenalizar el consumo de drogas, a partir del reconocimiento del fracaso de su prohibición, y reorientar la política de drogas hacia estrategias basadas en la evidencia y el respeto de los derechos humanos. La Declaración fue firmada, entre miles de personalidades, por tres ex mandatarios latinoamericanos: el mexicano Ernesto Zedillo, el brasileño Enrique Cardoso y el colombiano César Gaviria.

En la línea de fuego
La radio anuncia los sitios de la ciudad donde se llevan a cabo balaceras. Las tanquetas del Ejército mexicano deambulan por las calles y la gente las evita ante el temor de ser víctima de un fuego cruzado. El constante ulular de las sirenas es el sonido de fondo de Ciudad Juárez y Tijuana, escenarios de la guerra contra el narcotráfico que han acumulado centenas de muertos en casi tres años.

En estas ciudades fronterizas, sin el menor recato, jóvenes y adultos solicitan a los transeúntes una “cooperación” para el pinchazo, la grapa, la tacha, el hielo o el cristal. Las venas del pene, del brazo, del cuello o de cualquier lugar del cuerpo en el que pueda ingresar al torrente sanguíneo una dosis de heroína son los conductos por donde se hunden las agujas utilizadas en los picaderos.

Estas jeringas también son depositarias de mililitros de sangre que pueden estar contaminados de virus como el VIH, e ingresan, al igual que la heroína, directamente al flujo sanguíneo de la persona, por lo que la transmisión del virus es directa y la infección mucho más probable que a través del contacto sexual. En los picaderos de estas urbes, una jeringa nueva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Estas dos ciudades fronterizas se ubican en otra de las rutas internacionales muy conocidas del narcotráfico: Colombia-Centroamérica-México-Estados Unidos-Canadá. Cifras del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) hablan de 105 mil consumidores de drogas inyectables en el país, de los cuales 5 por ciento estarían infectados por VIH. Entre las mujeres consumidoras de ese tipo de drogas la tasa de prevalencia llega incluso a 12 por ciento.

En América del Norte se calcula en 1.4 millones los consumidores de drogas inyectables, y de ellos 16 porciento podría estar infectado por el VIH.

En México, diversas organizaciones de la sociedad civil realizan tareas de prevención entre la población usuaria de drogas duras mediante la sustitución de jeringas usadas por otras nuevas en los distintos picaderos de las ciudades fronterizas del Norte.

Un estudio presentado por la Universidad de California en San Diego, la asociación Prevencasa y el Censida señala que se deben contemplar todos los posibles factores de riesgo que exponen a las y los usuarios de drogas a la transmisión del VIH. Una medida efectiva es facilitar a las personas que padecen adicción a esas drogas la compra de jeringas desechables en las farmacias sin el riesgo de ser detenidas.

Caldo de cultivo: las prisiones
Una jeringa puede ser utilizada para inyectarse drogas hasta por 300 personas al interior de una prisión, señala Kasia Malinowska, directora del Programa Global de Políticas sobre las Drogas del Instituto Sociedad Abierta. En esas condiciones, una jeringa tiene el mismo valor que una joya o un teléfono celular con lo último en tecnología.

De acuerdo a la Guía para Políticas contra las Drogas, elaborada por Malinowska y colaboradores, el principal problema es que el consumo de drogas se observa como un asunto criminal y no como un problema de salud. Por su parte, Manfred Nowak, especialista en derechos humanos de la Universidad de Viena, advirtió que no se contempla que cada año salen o ingresan a prisión 30 millones de personas alrededor del mundo que se reincorporan a la sociedad y pueden ser un foco de transmisión del VIH. El también director del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos de Austria indicó que en algunos países como España se ha trabajado con la población usuaria de drogas en prisiones y se ha logrado reducir la prevalencia del VIH de 32 al 7 por ciento mediante programas de reducción de daños que incluyen la distribución de jeringas desechables y la prescripción de opioides, como la metadona, en sustitución de los narcóticos.

El tratamiento a personas con VIH en prisiones alrededor del mundo es uno de los grandes pendientes de la lucha mundial contra la pandemia. En nuestro país, el Programa de VIH/Sida de la ciudad de México ha iniciado un trabajo de fomento a la adherencia a medicamentos antirretrovirales para los internos que tienen VIH. En varios carteles expuestos en la Conferencia Internacional de Sida, se informa que mediante este programa, los internos reciben sus medicamentos de manera constante, son enviados a una visita periódica con especialistas fuera de la prisión y se someten a una Terapia de Observación Directa en la que se supervisa la toma y suministro de medicamentos de los convictos.

Desde la implementación de este programa se ha logrado que el 70 por ciento de los involucrados en el proyecto tengan una carga viral indetectable y que su adherencia a medicamentos haya aumentado de 76 al 95 por ciento.

Dejar los prejuicios para salvar vidas
El doctor Julio Montaner, presidente de Asociación Internacional de Sida, señaló a Letra S que para considerar a un programa nacional de sida como exitoso, éste debe enfocarse no sólo a la compra y repartición de medicamentos y de condones, sino que también debe asumir la defensa de los derechos humanos.

Por tal motivo, el especialista condenó las políticas punitivas en contra de la población usuaria de drogas que dificultan las intervenciones de prevención, de dotación de jeringas desechables y acceso a tratamientos de desintoxicación y sustitución de drogas inyectables por otras menos dañinas. El también investigador canadiense advirtió que “los gobiernos deben dejar a un lado los miedos y prejuicios para salvar vidas”.

Por su parte Dmytro Sherembey, ex consumidor de drogas con VIH que estuvo preso, criticó la criminalización de los consumidores de drogas y abogó en los mismos términos por un cambio en las políticas de combate al tráfico y consumo de drogas. El representante de la Red de Personas Ucranianas viviendo con VIH, señaló que sin respeto a los derechos humanos difícilmente se logrará disminuir la transmisión del VIH en esa población. “Tenemos derechos porque somos humanos”.

SU B I R